Hoy estamos publicando un trabajo sobre los principales proyectos que están siendo analizados en el Congreso de la República y que constituyen la agenda que busca implementar la mayoría parlamentaria que la ciudadanía ha identificado como expresión del Pacto de Corruptos que se suscribió el año pasado cuando se aprobaron las primeras leyes pro impunidad, en las que tuvieron que recular ante la reacción ciudadana. Si vemos con detenimiento esas iniciativas podemos comprobar que no tienen en absoluto relación con los intereses y las necesidades de los guatemaltecos sino que son, simple y llanamente, parte del esfuerzo por preservar un modelo de impunidad para afianzar el sistema político imperante.
En el modelo democrático la ciudadanía delega su poder soberano y corresponde a sus representantes su ejercicio, pero esa premisa fundamental no se da en el caso de Guatemala porque los intereses de los que debieran ostentar esa representación difieren radicalmente de las aspiraciones de un pueblo que está sumido en la miseria como resultado de la ausencia de políticas públicas que promuevan el desarrollo y el bienestar de la población.
Desde el momento mismo en que las candidaturas de los diputados son producto de un modelo de compraventa de curules se produce la aberración porque cada uno de los diputados que son electos mediante ese procedimiento viciado tiene como prioridad recuperar su inversión y garantizar sucesivas reelecciones para hacerla verdaderamente rentable.
Las democracias necesitan de un auténtico sistema de partidos políticos que sean efectivos instrumentos de la participación ciudadana y no simples grupos de amiguetes que operan como empresas generadoras de ganancias personales. En las condiciones en que operan los llamados partidos en Guatemala no hay la menor posibilidad de que puedan ser esos vehículos para canalizar las expresiones de la ciudadanía, pues funcionan exclusivamente para el beneficio de unos pocos.
La perversión de nuestro modelo político es de tal calibre y dimensión que no puede producir más resultados que los que hemos tenido a la vista prácticamente desde el inicio de eso que llamamos apertura democrática al amparo de la Constitución del 85, y que se traducen en retrocesos brutales y marcados que vemos no sólo en la existencia de esa pobreza que no cede, sino también en el deterioro patético de los servicios públicos y de la infraestructura porque todo se hace girar alrededor del vicio de la corrupción.
Y es el Congreso el mejor ejemplo, en realidad el escaparate, del descalabro de nuestro modelo político y de la imposibilidad de resolverlo sin una más comprometida actitud de la ciudadanía.
