Raúl Molina
Muchos pensamos que la observación internacional en nuestros procesos electorales, lo que la derecha criolla denomina “injerencia extranjera”, viene a ser de los pocos controles que se le pueden imponer a los sectores poderosos que los han trastocado. En estos días, se ha generalizado para América Latina; pero, sin duda, se le debe aplicar también a Estados Unidos, después de ver tres procesos electorales en los cuales la persona con mayor número de votos resultó siendo orillada con maniobras sospechosas. Me encuentro como observador internacional para las elecciones generales de México, el 1 de julio, y percibo que la presencia internacional, tanto institucionalizada como independiente, es hoy un elemento sustancial para la defensa del voto. Somos una misión de más de cien personas de dieciséis países y hemos sido autorizados por el organismo encargado del proceso electoral para observar el evento. Confiamos en que nuestras conclusiones tengan peso moral para la aceptación o no de los resultados del sufragio.
Destacamos que América Latina padece de la proliferación de procesos políticos viciados, que han llevado a que la ciudadanía, particularmente las y los jóvenes, se sienta insatisfecha y haya dejado de creer en los partidos políticos y, en general, en los sistemas políticos vigentes. No obstante no se ve todavía la determinación en nuestros pueblos por producir las transformaciones profundas del Estado. Salvo que se profundicen las crisis, como sucede ya en Guatemala, no se ven procesos de cambio que no sean por la vía electoral. Para vigilar los procesos electorales se han tratado de introducir modalidades de control que generen las condiciones para que sean las mayorías las que definan el destino de los países. Las barreras son muy altas, ya que la democracia participativa no aparece y la democracia semirepresentativa es cada día más manipulada por dinero, intereses de potencias extranjeras y otros mecanismos de poder. En Guatemala, al descubrirse recientemente el poder político que han ejercido los grandes ricos y el crimen organizado, mostrado por las investigaciones sobre el financiamiento ilícito a partidos políticos, particularmente al FCN-Nación, el “Pacto de los Corruptos” intenta ahora convertir lo ilícito en legal, mediante reformas en el Congreso. Se intentará mantener la “dictadura de la corrupción”. Así, se necesita el contrapeso de la comunidad internacional, la cual responde con “misiones de observación electoral”. Hay que señalar, sin embargo, que la observación institucionalizada que privó en América Latina, vía la OEA, ha perdido la confianza de nuestros pueblos. Triste ejemplo se tuvo en Honduras, en donde si bien la misión de la OEA recomendó que se repitieran las elecciones ilegítimas, la presión de Washington obligó al Secretario General Luis Almagro a engavetar el informe y dejar de cuestionar a la dictadura hondureña. Por ello, la observación internacional independiente se ha vuelto clave y hay suficiente gente solidaria que invierte energía y recursos en la misma. En esta ocasión, el objetivo esencial es que se respete la voluntad del pueblo mexicano.
