Adrián Zapata
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Es difícil pensar en una administración más mediocre que la actual, con el agravante que a la ignorancia se suma la prepotencia como coraza ante las críticas que justamente recibe. Es de tal magnitud la incapacidad que seguramente hay falta de comprensión sobre los reiterados errores que en diversos ámbitos se cometen. Es tan corto su horizonte político que no logra ver más allá de su resentimiento contra la CICIG y quien la encabeza. Al actor cómico venido casualmente a Presidente el traje le quedó inmenso.
Jimmy Morales ya está completamente deslegitimado. Pero además, el fantasma del enjuiciamiento, comenzando por perder el antejuicio del cual goza para poderlo investigar por el delito de financiamiento electoral ilícito, le ronda cercanamente. Es tan obvia su responsabilidad después que los empresarios señalados aceptaran la suya y que se les vinculara a proceso penal, que el Congreso de la República debería levantarle el derecho de antejuicio.
No hay ninguna decisión o acción de este Gobierno que merezca un reconocimiento como trascendental.
Recuerdo muy bien cómo, en los inicios de su gestión, cuando recién había sido electo por una mayoría significativa, empezó derrochando su capital político, haciendo ridículo tras ridículo, sin entender que ya no era comediante. Así fue como marchó frente a las tropas del Ejército y lloró ante sus correligionarios evangélicos.
Sin embargo, como ya lo he dicho anteriormente, qué se le puede pedir a una persona cuya primera responsabilidad pública es ser, ni más ni menos, que Presidente de la República.
Y falta año y medio para que finalice su período. La discusión cada vez más frecuente en diversos círculos es si efectivamente llegará hasta enero del 2020 o si será defenestrado antes.
En términos de gestión gubernamental, efectivamente nada se perdería con la salida de Jimmy Morales. Lo sustituiría el Vicepresidente, quien tiene cierta experiencia en cargos públicos que podrían haberlo preparado mejor para ejercer la Presidencia, ya que fue Rector de la Usac. Desafortunadamente, hasta ahora, no sé si porque el traje también le quedó grande o porque tiene que estar subordinado a la mediocridad del primer mandatario, pero tampoco ha demostrado, para nada, dotes de estadista.
Pero más allá de esta lógica que muestra hechos muy evidentes, la discusión que procede es, por una parte, la legal, para que no haya impunidad por los delitos que supuestamente habría cometido Jimmy Morales cuando era Secretario General del FCN. El financiamiento electoral ilícito es el cáncer de la democracia contemporánea y haber caído en esa práctica no puede quedar impune, si fuere el caso, como todo lo pareciera indicar. Y, por otra parte, la política; más allá del interés básico que haya políticas públicas y una conducción acertada de ellas, preocupa lo que significaría para la democracia la caída del presidente Morales. Habrá quienes opinarán en favor de mantener la estabilidad y, por consiguiente, llevar la procesión hasta enero del 2020.
Pero Jimmy Morales ya no da para más. Está agotado como líder nacional, realmente nunca lo fue.
Sin embargo, insisto en que la arena donde tiene que dilucidarse esta situación, es la jurídica. El Congreso debe levantarle el antejuicio al Presidente y permitir que el Ministerio Público y la CICIG lo investiguen. No puede ser esta decisión definida a partir de la llamada opinión pública; debe ser, sin duda, jurídica.
Mientras tanto, en vez de seguir especulando sobre la salida del Presidente, mejor impulsemos una amplia concertación nacional de orden programático, sea para proponérsela a quien sustituya de Jimmy Morales o a quien resulte electo en las elecciones del año entrante.