Raúl Molina
Se me preguntó en una universidad de Chile cómo se encontraba la tragedia provocada por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala y tuve que responder que, contrario a un huracán, una inundación o un incendio forestal, que tiene su fin natural, el volcán está activo y se mantiene como constante amenaza. Aún peor, la incapacidad, indiferencia y corrupción de las autoridades, propias de un Estado fallido, hacen difícil la atención y recuperación de las comunidades afectadas. De hecho, es una tragedia de enormes proporciones, cuyos efectos son magnificados por un Estado que ha dejado de funcionar para el bien común. Por ello es que el Poder Ejecutivo, desde el Presidente a la Conred, pasando por el Ejército, no puede brindar el mínimo liderazgo para enfrentar la crisis. Tampoco contribuyen con orientación política quienes debiesen ser representantes del pueblo, los diputados y diputadas, que carecen de legitimidad y que tienen como preocupación principal garantizarse sus granjerías y negocios, así como cubrirse con el manto de la impunidad. Por estar comprometidos con la corrupción, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso, a nivel similar, se hace imposible que la crisis tenga una salida institucional. En el 2015, la institucionalidad contribuyó a la expulsión del Partido Patriota, porque el Congreso pudo actuar para sustituir a Roxana Baldetti, primero, y a Otto Pérez, después. En el 2017, en vez de actuar en forma semejante, el Congreso optó por proceder al Pacto de Corruptos para cuidarse mutuamente las espaldas con los gobernantes. La institucionalidad funciona ahora solamente en casos extremos, cuando el Poder Judicial o la Corte de Constitucionalidad frenan las peores intenciones de los criminales y corruptos. No obstante, pese a los esfuerzos del MP y la CICIG, no se ha logrado desmantelar la “red oficial”, que ha ido copando, poco a poco, todas las estructuras del Estado.
El doble candado, gobierno y Congreso, que trata de detener las urgentes acciones de depuración, como la cancelación del FCN-Nación, la separación de Ministros o la investigación del Presidente y sus allegados, impide que la justicia avance con la necesaria rapidez, como la condena de Ríos Montt por genocidio, o se transforme el Estado. La solución de la crisis no puede provenir de la institucionalidad. Aunque se compruebe, con testigos calificados, que Jimmy Morales ha sido responsable de contar con financiamiento ilícito para llegar a la presidencia, que obliga a su renuncia, él cuenta con el Congreso para que no se le someta a antejuicio. Por ello, la institucionalidad fracasa. Solamente se arrancará la mala hierba con la designación de una Junta Civil Provisional de Gobierno que asuma, al igual que en 1944, las funciones ejecutivas y legislativas y que convoque a la Asamblea Nacional Constituyente Incluyente que el país necesita y se merece. Esta designación solamente puede ser hecha por una multitudinaria concurrencia que se tome los espacios públicos. La expresión popular debe, además, paralizar el país –paro nacional– y públicamente elegir a cinco personas capaces y probas que tomen las riendas del Estado.
