Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
El papel de muchos diputados al Congreso de la República está siendo como pedirle al Smiley y al Smurf que se dediquen a redactar, discutir y aprobar la ley antimaras, y uso ese ejemplo tan burdo para que usted, estimado lector, entienda esa situación del conflicto de interés en el que se encuentran los diputados.
Si los mareros deben redactar la mencionada ley, obviamente no legislarán nada que los pueda perjudicar o que ponga en riesgo su modelo convertido en negocio, y eso es lo que estamos viendo en nuestro Organismo Legislativo. No son inventos de nadie, es nuestra ley la que establece que quienes tienen conflicto de interés deben abstenerse.
Vamos por partes: el artículo 18 de la Ley de Probidad establece que una de las prohibiciones de los funcionarios públicos es utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.
Además, el artículo 98 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que ningún diputado que esté presente en el acto de votar podrá excusarse de hacerlo, pero si tuviere interés personal en el negocio o lo tuviere algún pariente suyo en los grados de ley, deberá abstenerse, explicando al Pleno, como cuestión previa a la votación, los motivos de su abstención.
Y el artículo 419 del Código Penal establece que comete el delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial.
Ya existen denuncias penales por el delito de financiamiento electoral ilícito contra organizaciones políticas que tienen al menos sesenta diputados que tienen prohibición de participar en las reformar al 407N por un claro conflicto de interés, ya que podrían beneficiarse de manera directa o a terceros como los Secretarios Generales de tales partidos, toda vez que al desoír a la Corte de Constitucionalidad y cambiar la tipificación se está sembrando impunidad. Por eso es vital rescatar la tipificación que presentó el MP y otros diputados porque la misma no propicia impunidad.
El mismo principio ocurre cuando los diputados ahora quieren cambiar las prohibiciones del transfuguismo toda vez que, al aprobarla en el 2016, sabían lo que estaban discutiendo y ya que se dieron cuenta que les afecta lo quieren cambiar, pero también tienen conflicto de interés. Dicen que les viola su derecho de elegir y ser electo, pero este no es absoluto para nadie, por ejemplo, hay que tener mayoría de edad y si nos atenemos al mismo principio, los quinceañeros podrían alegar lo mismo y postularse para el Congreso (igual y nos va mejor tan solo con que sean honrados y menos cínicos).
El futuro de Guatemala no puede pasar por más impunidad, no puede pasar por el hecho de que la ley se aplica solo cuando me conviene, no puede ser que los diputados legislen para beneficiarse, para premiar o castigar a sus amigos o críticos, respectivamente. Para alcanzar ese acuerdo de mínimos que necesitamos, es primordial construir confianza y eso ahora está más complicado porque quieren imponer un ambiente pro impunidad que nos hace un daño terrible.
Legislar para tener impunidad es criminal, pero hacerlo en plena tragedia es de gente muy baja.
