Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer el Frente Parlamentario por la Transparencia que se desmarca de la actitud generalizada en el Congreso para consolidar la dictadura de la corrupción, alertó sobre el evidente conflicto de interés que tienen varios diputados en el tema del delito de financiamiento electoral ilícito y refirió las normas legales que obligan a quienes estén en esa situación a abstenerse de emitir votos en el pleno cuando se traten los asuntos que puedan provocarlo.
Específicamente hicieron ver que los diputados de la UNE y de FCN, partidos sujetos a investigaciones por haber recibido dinero que no fue canalizado conforme a la ley, no están facultados para votar en el tema de las reformas a la norma que regula ese delito en las que es evidente el interés por despenalizarlo. Y es que justamente todo lo que están discutiendo es la manera para exonerar a sus Secretarios Generales de cualquier responsabilidad en el manejo o por la recepción de millonarios aportes, pero sobre todo están tratando de salvar a sus instituciones luego de que el Ministerio Público planteara al Tribunal Supremo Electoral los detalles del mal manejo de los recursos provenientes de los financistas.
La Ley Orgánica del Congreso establece que “ningún diputado que esté presente en el acto de votar podrá excusarse de hacerlo, pero si tuviere interés personal en el negocio o lo tuviere algún pariente suyo en los grados de ley, deberá abstenerse, explicando al pleno, como cuestión previa a la votación, los motivos de su abstención”, a lo que se agrega que la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios Públicos claramente expresa que los funcionarios tienen prohibido “utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros”.
El interés es clarísimo porque los diputados se verían imposibilitados de reelegirse si se aplicara correctamente la ley y el TSE procediera a la cancelación de sus formaciones partidarias debido a la comisión de delitos en materia de financiamiento electoral ilícito, y la forma en que han redactado la reforma a la normativa legal prácticamente hace desaparecer ese delito dejando el camino libre no solo para sus reelecciones sino, además, para que pueda continuar esa jugosa fiesta que ha sido la práctica perversa de un financiamiento que no sólo sirve para sufragar gastos de campaña sino que, está probado, se convierte en jugoso soborno anticipado para los políticos que aspiran a puestos públicos y quienes después pueden hacer micos y pericos para pagar el favor a aquellos que les llenaron los bolsillos.
Tienen en cartera, además, la ley contra el transfuguismo que afecta a muchos miembros de la actual legislatura y les impedirá la reelección por lo que les urge introducir los cambios que les allanen el camino para continuar como diputados. En términos generales podemos decir que hay conflicto de interés obvio, notorio y descarado, cuando los corruptos legislan para despenalizar la corrupción.
