Francisco Cáceres Barrios
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Los guatemaltecos llevamos años de estar oyendo y sufriendo las consecuencias de problemas constantes en los llamados “Hogares del Estado”. Sería prolijo enumerar la serie de dramas con sus respectivas consecuencias que nos ha tocado presenciar sin que podamos decir que las autoridades hayan tomado las medidas acertadas para prevenir hechos similares, mucho menos, que sean satisfactorias, tanto las instalaciones como los procedimientos que el Estado ha llevado a cabo, se supone para prestarle la atención debida al problema de niños y jóvenes de ambos sexos que, desadaptados o mal formados por diversas razones y circunstancias, son dados a delinquir y a consumir desde bebidas alcohólicas hasta substancias mucho más difíciles de controlar y de causar todavía más perjuicios que las antes conocidas.
Los desastres ocurridos, porque no pueden llamarse de otra manera, en las instituciones del Estado, cada vez han ido subiendo de tono y grado de peligrosidad, como que las consecuencias son también cada vez más funestas. Solo en los últimos tiempos huyeron 102 jóvenes de hogares del Estado y 96 adolescentes hombres abandonaron los mismos. Lo peor de todo es que a ojos de expertos en la materia el sistema que emplea el Estado para corregir su comportamiento y así poder reinsertarlos a la sociedad ha sido y sigue siendo nulo, puesto que el permanecer en sus centros no se ha logrado, mucho menos garantizado, mejorar sus condiciones de vida, como para que puedan tener esperanzas de mejor progreso y desarrollo para el futuro.
No tengo ni idea de cuánto es lo que el Estado requiere invertir y gastar para el mantenimiento de los llamados Hogares Estatales, sustitutos de lo que sus familias debieran brindarles, pero sin ser expertos en la materia, podernos asegurar que los resultados no solo son tremendamente elevados, sin que a corto o mediano plazo en vez de ir resolviendo el problema paulatinamente se han ido aumentando en gravedad. Este asunto no puede solo verse bajo el punto de vista de los derechos humanos, como tampoco solo bajo el aspecto legislativo, también hay que tomar en cuenta el uso racional de los recursos públicos que debieran encaminarse para encontrar soluciones y no solo falsas apariencias.
La conclusión aflora rápidamente a la vista de la ciudadanía que los problemas de nuestra sociedad deben ser atendidos con mucha responsabilidad y, sobre todo, con gran profesionalismo de carácter multidisciplinario. El actual gobierno solo ha seguido la costumbre heredada de los anteriores, a pesar que en los primeros días el mismo actual Presidente tuvo que intervenir en un desafortunado incidente con el lamentable saldo de muchas pérdidas de vidas. ¿No es hora de corregir tanto malo que se ha hecho?
