Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Erika Aifán, es una juez reconocida por su valentía e independencia de criterio. En múltiples oportunidades ha demostrado que conoce la ley y no se deja amedrentar. En el año 2001, al concluir el curso de formación para jueces de Instancia, la Corte Suprema no la tomó en cuenta entre los jueces a ser nombrados; a pesar de haber sido la mejor calificada. Aifán no se quedó de brazos cruzados, sino que interpuso un Amparo. En consecuencia, su nombramiento como juez de Instancia se debe a que tuvo el valor de ejercer sus derechos y la Corte de Constitucionalidad le dio la razón.
Se requiere de mucho carácter para exigir al ente responsable de su designación, que cumpla con su obligación. Aunque la Constitución establece con claridad que los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, en la práctica algunos magistrados actúan como si fuesen jerárquicamente superiores. Lo peor es que hay jueces que consideran a los magistrados como sus “jefes” y creen -equivocadamente- que les deben obediencia. Esta situación atenta contra el principio de independencia judicial y el de imparcialidad, pues el juez, en sus resoluciones judiciales, está obligado únicamente a considerar lo que prescribe la ley y no lo que ordenen los magistrados; menos aún si estos defienden intereses particulares o sectoriales.
Unos años después, la juez Aifán tuvo -nuevamente- que defenderse de la Corte Suprema, pues en el año 2015 los magistrados electos a finales de 2014 decidieron trasladarla de su judicatura, sin que existieran motivos que justificaran el cambio. La togada presentó un amparo que fue concedido por la Corte de Constitucionalidad y que le permitió continuara en su judicatura.
Desde julio de 2016, la juez Aifán está al frente del “Juzgado D” de Mayor Riesgo. En esa judicatura se tramitan múltiples procesos de corrupción, en contra de personas poderosas e influyentes. Entre otros: el Caso Corrupción y Construcción donde los empresarios reconocieron el pago de coimas a los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones; el Caso de la constructora brasileña Odebrecht, en que se pagó sobornos a políticos guatemaltecos; el de “Comisiones Paralelas”, que señala a comisionados de facilitar el nombramiento de magistrados por razones indebidas, y también el Caso de “Migración” que involucra a la familia rusa Bitkov, el cual ha generado mucha atención a nivel internacional.
Hoy, la juez Aifán desafía a los magistrados de la III Sala de Apelaciones del ramo Penal. Ella argumenta que la Sala, -constituida en Tribunal Constitucional-, se excedió en sus funciones y que pretende obligarla a emitir resoluciones ilegales para favorecer a Igor Bitkov. Una vez más la Corte de Constitucionalidad tendrá que resolver los recursos interpuestos por la juez.
Un juez puede equivocarse en sus fallos y las partes tienen el derecho de presentar los recursos que estimen pertinentes. Lo que no es correcto es que se pretenda cambiar el criterio de un juzgador. La garantía de juzgar sin ningún tipo de presión, injerencia o coacción es un derecho de todos los jueces. Una amenaza contra la independencia de un juez, es una grave violación a los Derechos Humanos de toda la sociedad, porque atenta contra la imparcialidad de los tribunales.
Erika Aifán resulta ser una juez muy incómoda para quienes buscan impunidad y para los magistrados que quieren retorcer la ley, pues saben que no pueden doblegarla. Pero ella es un ejemplo para todos los jueces que están dispuestos a defender la independencia judicial y rescatar la dignidad de la judicatura.
