Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana se abrió la discusión al respecto de la conveniencia o no, de limitar el derecho a postularse a puestos de elección popular, a jueces y fiscales, bajo el argumento de que se corre el riesgo de que la justicia resulte politizada, por la intención de figurar y buscar protagonismo de estos funcionarios, con el afán de obtener la aprobación y el posterior voto popular.
El asunto de marras se generó como consecuencia de las declaraciones de la ex fiscal general, Thelma Aldana, relativas a los políticos tradicionales y a su intención de buscar una plataforma en donde participar en política, lo que dio lugar a la reacción del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y su excandidata Sandra Torres, planteando la necesidad de prohibir o limitar ese derecho.
En Guatemala, de conformidad a nuestra Constitución, solo aquellos que no gozan a plenitud de sus derechos políticos por razón de edad, condición o por sentencia, de manera general no pueden optar a un cargo de elección popular; y de manera específica, para optar al cargo de Presidente de la República, tienen prohibición de casos concretos como los militares en activo, los caudillos de un golpe de Estado, los parientes del Presidente, los Magistrados del TSE u otros casos específicamente señalados.
Desde la perspectiva legal, para lograr lo que propone la UNE; sería necesario legislar al respecto y desde ya cualquier intento en ese sentido, debería ser congruente con la Constitución, los derechos que esta consigna en favor de los ciudadanos; y en concordancia con el principio de irretroactividad de la ley, únicamente afectaría a cualquier persona que siendo fiscal o juez al momento de entrar en vigencia la ley, pretenda optar con posterioridad a un cargo de elección popular.
Desde la perspectiva política y en relación al daño que esa politización podría llevar a la justicia, aplica lo mismo y lo vivimos, cuando muchos de los Diputados al Congreso de la República se la pasan anteponiendo su carrera política a los intereses del país y la legislatura se encuentra totalmente politizada, situación que aplicaría a muchos ministros, alcaldes y hasta el Procurador de los Derechos Humanos quienes evidentemente mantienen una agenda política mucho más allá de lo que sería una posición objetiva y productiva para los intereses nacionales y de los ciudadanos.
En conclusión, considero que no es factible limitar los derechos de jueces o fiscales, como tampoco lo sería el limitar los derechos de los diputados, alcaldes u otros funcionarios. El único remedio para limitar la politización del sistema, es abrir bien los ojos e identificar cuando los actos de un funcionario obedecen a sus intereses personales, no olvidarlo y no votar por ellos.
