Raúl Molina
Nos congratulamos por la condena de los responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, y la violación de su hermana Emma Guadalupe, y nos solidarizamos con su familia, que no ha dejado de esforzarse por buscarle, conocer la verdad de su desaparición y mantener viva su memoria, al igual que seguir un largo proceso para lograr justicia. La sentencia contra los generales Benedicto Lucas y Manuel Callejas, el coronel Francisco Gordillo y Ramiro Zaldaña, de inteligencia militar, con condenas a prisión entre 33 y 58 años, se ha dado por el crimen de lesa humanidad del 6 de octubre de 1981 y otros. Es un acto de justicia tardía; pero necesaria y alentadora para reconstruir el tejido social del país. No se tuvo la misma suerte con otros responsables de la barbarie cometida en nombre del “anticomunismo”, incluido el genocidio, porque por sus muertes escaparon, Ríos Montt de sentencia definitiva por genocidio, y de juicio Romeo Lucas, Óscar Mejía Víctores y Álvaro Arzú. Todavía es tiempo, sin embargo, de enjuiciar a otros responsables del genocidio, masacres y cuarenta y cinco mil desapariciones forzadas, incluidos cinco mil niños y niñas.
Con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera se lograron avances importantes: el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que desnudó el “terrorismo de Estado” de los regímenes militarizados del país y demostró, con estricto rigor, el genocidio cometido; y la eliminación del arsenal represivo del Estado de las prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada. No obstante, los logros fueron limitados en materia de justicia, ya que sólo se evitó que hubiese amnistía, quedando en manos de sobrevivientes y familiares de las víctimas proseguir los casos ante el sistema judicial de Guatemala. Aún peor, al perderse el referendo sobre reformas constitucionales, se cerró la posibilidad de cambiar el sistema de justicia del país. Eso dificultó la apertura de casos e hizo que los pocos abiertos no avanzaran con la rapidez necesaria. Esto cambió con la llegada a Fiscal General de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana, y gracias al apoyo permanente de la CICIG.
El Caso Molina Theissen ilustra el papel jugado por las fuerzas armadas y de seguridad del país. En su obediencia ciega a Washington, se convirtieron en enemigos del pueblo y cometieron gravísimas violaciones de derechos humanos. Así como se exigió justicia en los juicios de Nüremberg contra la criminalidad nazi, el pueblo de Guatemala necesita que se aplique la justicia a los responsables intelectuales y materiales de la brutal represión. En algún momento en el futuro, se podrá hablar de perdón; pero, para ello, hay que profundizar la verdad; fortalecer la memoria histórica; lograr justicia plena para los crímenes de lesa humanidad; y ampliar y profundizar el resarcimiento de las víctimas. Luego, tendrá que venir la solicitud de perdón por parte de los victimarios y, al final, solamente las víctimas y sus familiares podrán otorgar el perdón. Se abrirá así la puerta para la reconciliación nacional.
