Claudia Escobar
Al asumir el cargo de fiscal general, Consuelo Porras recibió una braza caliente de manos de Thelma Aldana. No me refiero solo al último caso, sobre financiamiento electoral ilícito que la exfiscal Aldana presentó en conferencia de prensa, el cual implica al presidente Morales. Se trata más bien de todos los casos relacionados con corrupción que el Ministerio Público ha investigado en los últimos años; muchos de los cuales están aún en trámite y pendientes de sentencia firme.
La mayoría de esos casos tratan de situaciones de corrupción que involucra a funcionarios, exfuncionarios y personajes de mucho peso de sectores poderosos; acostumbrados “todos” a abusar de su poder y hacer del tráfico de influencias la moneda de cambio. Aldana quiso, en su última actuación, señalar el camino a la nueva Fiscal, quien tiene ante sí una enorme responsabilidad. Ella puede escoger continuar con la dinámica promovida por Aldana; variar la modalidad de la persecución penal o ponerle un freno de mano a la lucha contra la corrupción. Finalmente será Porras quien decida cuál es el sendero a tomar.
El cargo de Fiscal General lleva implícito la jefatura de una institución jerárquica, es decir que Porras tiene poder de decisión sobre todas las investigaciones y sobre la disposición acusatoria de los fiscales. Además, tiene el poder de nombrar, sancionar y remover al personal de la Fiscalía. En sus manos está la persecución penal de todos los hechos criminales del país.
¡En juego hay muchos intereses de por medio! Quienes han sido señalados en casos de corrupción y han amasado grandes fortunas a costillas de un Estado desnutrido, sin duda alguna tratarán de influir en la gestión de la Fiscal. En el gremio de abogados, muchos especulan sobre los conflictos de interés que pueda tener la propia Fiscal General. No es un secreto que su marido es militar y además funcionario del Ministerio Público.
Todos los seres humanos tenemos relaciones e intereses personales, familiares, económicos, etcétera. Esto no implica que esos intereses tengan que interferir con el ejercicio de la función pública. Sin embargo, un cargo de esa envergadura exige que la población conozca cuáles son los intereses del funcionario en cuestión. Sería positivo que la Fiscal General haga públicos los conflictos de interés que en un momento determinado puedan poner en entredicho su labor. Porque como decía mi abuela: “no basta con ser honesto, también hay que parecerlo.”
El Código de Ética del Ministerio Público establece que los servidores del Ministerio Público, al asumir el cargo público, tienen el deber y la responsabilidad de cumplir con ciertas normas éticas, entre las que se incluye: ejercer sus funciones libres de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
En la crisis institucional en que se encuentra el país, el Ministerio Público es la institución con mayor credibilidad del Sistema de Justicia. Los ciudadanos honestos esperan que por el bien de Guatemala Consuelo Porras y su equipo de trabajo sean capaces de actuar de forma objetiva y mantener la autonomía de la institución.
