Algo pasa con la Procuraduría General de la Nación desde hace mucho tiempo porque al parecer han convertido a esa institución en una especie de reducto para ubicar a oscuros personajes que tienen agendas particulares que nada tienen que ver con los intereses de la Nación sino que se centran en toda una gama de asuntos que tienen que ver fundamentalmente con la forma en que el país se ha ido convirtiendo en presa de la corrupción.
Idealmente el Procurador General de la Nación debiera ser uno de los abogados más ilustres y además honestos del foro porque le corresponde nada más y nada menos que la función de ser el principal asesor legal del Organismo Ejecutivo y representante del Estado en una enorme diversidad de asuntos. El desempeño de esas funciones demandaría de un nivel ético muy superior a lo normal y, sin embargo, pareciera como si intencionalmente se haya estado escogiendo a profesionales que sirven otros intereses pero no los del Estado, lo cual se enmarca en la estructura de podredumbre general que sufre el país. En el último mandato casos como el de TCQ y el mismo de Odebrecht abordado en las horas finales, responden a intereses de ciertas empresas y no a lo que al país le conviene y lo que el país necesita.
Y lo mismo ha ido ocurriendo por años al punto de que se han iniciado procesos contra otros abogados que han desempeñado ese cargo cada vez más desteñido porque utilizando el poder legal que tiene la figura del Procurador General de la Nación, es decir del profesional del derecho que procura legalmente en representación de Guatemala se atienden intereses que no son los que convienen para la promoción del bien común.
El último nombramiento que se hizo esta semana responde al círculo más íntimo de poder del presidente Morales que está ahora más que nunca constituido por una juntita que se ha ido reciclando por necesidad, pero que no cambia en su orientación ni en el derrotero que se le quiere dar al ejercicio del poder para preservar los privilegios surgidos de la corrupción plasmada no sólo en coimas sino en un consistente y casi perpetuo tráfico de influencias.
Y el control pleno de las instituciones vinculadas con la aplicación de la ley, que en nuestro caso tiene profundos vicios para generar impunidad, se ha de concretar cuando el año entrante se deba renovar las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia a fin de eliminar a aquellos pocos que ha dignificado la Carrera Judicial.
