Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Guatemala tiene problemas reales e históricos que por supuesto no fueron creados por Jimmy Morales ni este Congreso. Problemas que inician desde un secuestro del Estado para desviarlo de sus fines primordiales y que han provocado que no tengamos capacidad para dar atención a las cosas más elementales del ser humano porque la inversión en la gente nunca ha sido una prioridad.
Haciendo esa salvedad importante, hay que decir con total propiedad que el Presidente ha destinado todas las baterías de su gobierno para detener los avances de la justicia porque le afectan de forma directa y con base en ello ha orientado todas sus decisiones desde que salió el caso de su hijo y hermano, que, por cierto, hay que decir que derivó de la denuncia de un sindicado en el Caso del Registro de la Propiedad, no fue que los investigadores anduvieran tras la pista de Morales.
Las roscas del mandatario lo tienen donde necesitan y han sabido explotarlo muy bien para instrumentalizarlo porque son esas mismas personas que ahora lo controlan, los representantes de las esferas que siempre han tenido poder en Guatemala, que saben cómo operarlo, usarlo y que no están dispuestas a que el modelo se ponga en juego.
Así hay que entender decisiones como la de pedir el cambio del embajador Anders Kompass, por ejemplo, que nos deja en una posición de potencial aislamiento internacional y todo porque alguien recomendó que forzar la salida de un Embajador que ha sido amigo de Guatemala quitaría apoyo a la CICIG y al comisionado Velásquez, otro extranjero que se comprometió con la causa de la justicia cosa que no le agradó a muchos.
Buscando apoyos para causas personales se tomó la decisión de trasladar la Embajada de Guatemala en Israel usado como moneda de cambio para sumar apoyos con el afán de detener los avances. Ayer vimos el nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación (PGN) y aunque a él, como a todos, lo marcarán los hechos del futuro no dejan de llamar la atención algunas cosas del pasado que harían pensar que los nombramientos no se hacen pensando en la ley si no en necesidades inmediatas. Ayer mismo se conoció que la PGN le dijo a Morales que buen intento, pero que no pueden revisar la actuación y que se siga circunscribiendo al artículo 12 del acuerdo que le dio vida a la CICIG.
Y lo mismo ocurre en el Congreso, pues hay muchos diputados que están usando iniciativas de ley o reformas para negociar su impunidad y querer acallar voces porque, como también tienen penas que los ponen en claros conflictos de interés, centran la agenda del organismo en agendas que buscan salvación e impunidad.
Nuestro futuro no puede estar marcado por los caprichos, las penas y los arranques de nadie y eso es algo que nos debe preocupar, puesto que en esas condiciones atraer inversión será imposible. La forma de acabar con el conflicto de interés, es dejando que la justicia funcione y enfrentar los actos con hidalguía y solventando las cosas en los organismos adecuados y evitando procurar impunidad.
