Factor Méndez Doninelli
En Guatemala, no cesan las ejecuciones extrajudiciales de dirigentes campesinos y defensores de derechos humanos (DD. HH.), sólo en las últimas dos semanas han ocurrido 3 ataques mortales, aumentando el repudio social por las muertes de LUIS ARTURO MARROQUÍN, del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y Coordinador Político de la región de oriente de Guatemala, sucedido en San Luis Jilotepeque, municipio de Jalapa, cuando se dirigía a una asamblea municipal en el barrio El Llano del citado lugar. De JOSÉ CAN XOL, líder de la comunidad Choctún Basilá, de Alta Verapaz y de MATEO CHAMÁN PAAU, en la comunidad San Juan los Tres Ríos de Cobán, ambos del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). El Comité de Unidad Campesina (CUC) condenó los asesinatos y manifestaron preocupación porque estos crímenes sigan ocurriendo, a pesar que se lucha por construir la paz y consolidar la incipiente democracia.
Los ataques mortales continúan ocurriendo con total impunidad, ante la indiferencia y omisión de acciones de parte de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las personas. Esta vorágine violenta, golpea a organizaciones sociales y a dirigentes comunitarios que defienden la vida, el territorio, los ríos, los derechos y libertades fundamentales de las personas.
El Estado y el Gobierno que preside Jimmy Morales son responsables de continuar la vulneración de Derechos Humanos (DD. HH.), sea por acción u omisión, por tanto, tienen grave responsabilidad en los hechos sucedidos. A pesar de las denuncias permanentes, no se perciben acciones efectivas para controlar estos actos violentos que arrebatan la vida de dirigentes populares.
La Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad estima que el Gobierno de Guatemala fomenta incidentes y la intranquilidad en el área rural, a su vez, despierta preocupaciones en el campo internacional. Dicha asamblea, condena las afirmaciones del presidente Jimmy Morales, al declarar como sus enemigos a la fiscal general, Thelma Aldana, al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y a los miembros de CODECA, acusándolos de atentar contra la dignidad de las personas. Indican que ese discurso es condenable, porque fomenta el odio y alienta acciones represivas que, como durante el Conflicto Armado Interno, impiden el pleno ejercicio de la democracia, de los DD. HH. y el funcionamiento de un aparato de justicia que persiga la corrupción y la impunidad. Al mismo tiempo, llama a las organizaciones sociales, académicas, religiosas y empresariales, a movilizarse y exigir que Jimmy Morales deje de atacar a quienes en Guatemala y en el resto del mundo, promueven la lucha contra la corrupción y la impunidad, para construir un país plurinacional, con mayor democracia, justicia y desarrollo.
El presidente Jimmy Morales es responsable de estos crímenes al atizar con su discurso de odio, la confrontación nacional y hacer sindicaciones, sin base alguna en contra de CODECA. Ese discurso, descalificando a la organización campesina crea condiciones para que grupos intolerantes y criminales actúen contra la vida, integridad y seguridad de las personas.
Estos crímenes evidencian el total incumplimiento del Estado de Guatemala, sobre la obligación constitucional de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos en general y de defensores de Derechos Humanos en particular. Por cierto, el Gobierno tiene pendiente aprobar el Programa de protección para periodistas y defensores de DD. HH.
La acción criminal de grupos armados ilegales debe ser erradicada y el Gobierno asumir la obligación constitucional de observar y respetar los DD. HH. y combatir la impunidad.
