Raúl Molina
Hace un año, cuando se ganó la batalla contra la impunidad en el Congreso, se produjo, a la sombra del nuevo gobierno de Estados Unidos, el Pacto de Corruptos. Ante esta maniobra, el Estado cayó más profundamente en su condición de fallido. Los meses siguientes se han destinado no a tratar de resolver los problemas sociales y económicos del país sino que al fortalecimiento de quienes usurpan el poder, pasando por la sumisión plena a los intereses de Donald Trump y obteniendo el apoyo de Israel, país paria en el contexto internacional. La soberanía nacional no se ha vendido; se ha entregado, sin ápice de decencia, para obtener respaldo político para los corruptos. Por ello, la Conferencia Episcopal de Guatemala denunció que el país había caído en la “dictadura de la corrupción”. Pasar de esa situación a una dictadura represiva era cuestión de tiempo. Las y los personajes corruptos y/o impunes, rechazados por la gran mayoría de la población, no pueden sostenerse sin recurrir a actos de abuso de poder y a la violencia.
Los poderosos tratan de instalar un modelo neofascista. Se fortalecen las fuerzas armadas, destinándoles cuantiosos recursos para mantenerlas como guardia pretoriana. Se han purgado fuerzas policiales, buscando la incondicionalidad de sus cuadros superiores. Cada ministerio o secretaría está a cargo de garantizar la depuración de empleados no afines al gobierno, llenando puestos con los miembros del partido oficial, así como de aplicar políticas corruptas. Se procede al asalto institucional: se propició la salida de ministros más profesionales y efectivos, como Salud, Gobernación y Relaciones Exteriores, para sustituirlos con personajes de mentalidad neonazi. Hay una guerra constante a los organismos de derechos humanos, desactivándose la Copredeh e intentando desaforar al Procurador de los Derechos Humanos. Terminado el período de Thelma Aldana, el Presidente ha nombrado como Fiscal General a la persona que le merece mayor confianza y su juramentación augura un período de mucha oscuridad. En los esfuerzos por expulsar a la CICIG, el Presidente y sus mensajeros han involucrado a figuras de la extrema derecha de Estados Unidos y Colombia. El asalto del Estado se hace dentro de un mar de mentiras.
El Congreso de Guatemala trata de aprobar todas las disposiciones que les permitan a los poderosos mantenerse en el poder y robar: reformas antojadizas a leyes existentes, eliminación de las trabas al financiamiento ilícito de los partidos políticos y mecanismos para mantener la impunidad y la corrupción. Y lo que es más peligroso, propuestas para silenciar la libertad de prensa y de manifestación, así como para criminalizar la protesta social. Al no poder pasar dichas leyes, todavía, el discurso pro violencia, particularmente del Presidente, ha dado luz verde para la reaparición de los “escuadrones de la muerte”, que en los últimos días han segado la vida de tres líderes campesinos; a la par, las fuerzas de seguridad actúan represivamente, capturando o amedrentando a otros dirigentes sociales o populares. La dictadura represiva no es proyecto de dos años; se propone perpetuarse.
