Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hay gente que cuestiona el trabajo que ha realizado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en el tema de la corrupción, afirmando que no se enmarca en el espíritu del mandato que estaba orientado a desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que surgieron durante nuestra guerra interna, y que alcanzaron inmensas cuotas de poder no sólo para eliminar adversarios sino también para operar de manera que pudieran permanecer en absoluta impunidad. Y esos mismos cuerpos ilegales mutaron después del Conflicto Armado Interno para dar paso a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de corrupción, porque variaron los objetivos pero siguieron operando para incrementar ya no sólo su poder bélico, sino también su poder económico para influir especialmente en el tema de la impunidad.
Eso fue ampliamente explicado por la CICIG que estudió la mutación que se produjo en los CIACS y el impacto que ese cambio tenía en el tema de la administración de justicia, puesto que los cuerpos ilegales penetraron vía la corrupción todo el proceso de designación de las autoridades judiciales del país para que la impunidad, que antes promovía el mismo Estado para proteger a quienes operaban en aparatos clandestinos, siguiera sirviéndoles una vez terminado el conflicto bélico.
El nombre de la CICIG indica que su principal objetivo es el combate de la impunidad, pero no se puede entender la existencia de ese fenómeno judicial sin que exista una amplia corrupción en distintas esferas del poder. La corrupción y la impunidad están íntimamente relacionadas y por ello es que el esfuerzo que ha realizado la comisión conformada por Naciones Unidas contra la impunidad en el país sería irrelevante sin que se le ponga especial atención a las formas corruptas de proceder que tienen en la actualidad todos esos cuerpos ilegales que siguen operando, en forma clandestina, porque se resisten a desaparecer o a perder su cuota de influencia y poder.
Yo he dicho que la impunidad en Guatemala es histórica y arranca desde el mismo origen de nuestro Estado y de la forma en que se produjo nuestra “independencia” decidida por los mal llamados próceres para adelantarse a cualquier movimiento en verdad independentista que surgiera en el mismo pueblo. Y cooptados como hemos estado desde la Independencia, se fraguó un modelo que funcionó casi a la perfección hasta el año 2015, en el que los poderosos podían actuar como les diera la gana sin temor a consecuencias legales.
Abril de 2015 fue un verdadero parteaguas porque fue cuando se produjo la primera grieta en la muralla de la impunidad. La vinculación de las más altas autoridades del país en procesos por corrupción fue un hito que todavía no hemos llegado a asimilar totalmente, y que puede quedar como una mera anécdota en la historia si no concretamos cambios reales a partir de la evidencia irrefutable de que nuestro sistema político fue pervertido seriamente para convertir al Estado en fuente de negocios en vez de ser el generador de políticas públicas que apunten a la promoción de mayor desarrollo humano.
