Víctor Ferrigno F.
Un día antes de irse, la Fiscal General, Thelma Aldana, dio su última conferencia de prensa, junto a Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG. Fue una acción político-institucional, en la que ambos plantearon la ineludible obligación de la nueva Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de solicitar el antejuicio del presidente Jimmy Morales, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Aldana aseguró que «existen elementos abundantes» para presentar una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, quien era el secretario general del FCN-Nación en el 2015, cuando varios empresarios aportaron millones de quetzales de financiamiento electoral ilícito, de tipo anónimo.
En la conferencia de prensa se refirieron a los empresarios como “aportantes”, destacando su colaboración con la investigación, quienes declararon que Jimmy Morales solicitó explícitamente que el financiamiento no fuera al partido FCN-Nación. Existen pues, testigos de cargo contra el presidente Morales, e innumerables evidencias documentales, tales como cheques, transferencias y depósitos.
¿Por qué dar la información un día antes de que Thelma Aldana deje el cargo? Evidentemente, por las actitudes dubitativas y complacientes de Consuelo Porras con Jimmy Morales, a quien calificó como un aliado contra la corrupción, en una entrevista.
Además de asegurar la existencia de elementos abundantes para solicitar el antejuicio de Morales, la Fiscal General saliente aseguró, reiteradamente, que las investigaciones del caso están avanzadas, y que en 8 o 15 días estarán concluidas. Si Porras está siendo presionada, la tendrá difícil, porque hay una fiscalía de delitos electorales empoderada, existen elementos probatorios y el tiempo se agotó.
Es fácil suponer que Jimmy Morales y sus asesores recurrirán a medidas desesperadas, como la solicitud de salida de los embajadores de Suecia y Venezuela, pero el desgaste es creciente y el Pacto de Corruptos es un clavo ardiente, que quema más de lo que ayuda.
El plan de Morales era regresar triunfante a Guatemala, después de complacer a Donald Trump, trasladando nuestra embajada a Jerusalén, lo cual implicó reconocer la validez de un acto de guerra, mediante el cual el Estado de Israel se apoderó de un territorio que no le pertenece, ignorando el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Además, afectaron los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas más extendidas en el orbe: la musulmana, la católica y la judía.
Los gobiernos de Israel y EE. UU., con el apoyo de Jimmy Morales, han desatado una nueva guerra en el Oriente Medio, pues la medida constituye una auténtica provocación, y nada tiene que ver con el derecho de Israel a existir como Estado, lo cual se logró en 1947, gracias a la resolución 181 de la ONU, cuya autoridad ahora desconocen, con nefastas consecuencias para la paz mundial.
Para colmo, la inauguración de la embajada de EE. UU. se realizó en la misma fecha en que se conmemora la Nakba, la tragedia, una jornada de luto por la expulsión de la población palestina de sus hogares, a consecuencia del nacimiento del Estado de Israel, en 1948. El choque fue inevitable, y el ejército israelí realizó una matanza, disparando contra civiles desarmados. Anoche se contabilizaban 58 muertos y 2 mil 770 heridos; los hospitales han colapsado y ha iniciado la tercera Intifada.
Decenas de países han condenado la matanza, de la que Jimmy Morales es partícipe, dejando a Guatemala como paria ante el concierto de naciones. El conteo regresivo del presidente Morales se acelera y difícilmente terminará su mandato, pues será enjuiciado o el pueblo lo sacará a sombrerazos.
