Por tradición el Gobierno invita a la ceremonia de juramentación del Fiscal General de la República que realiza el primer mandatario de la Nación, acto en el que participan desde diplomáticos hasta diversos operadores del sector justicia y, por supuesto, el Fiscal General saliente; el acto constituye la transmisión formal del mando del Ministerio Público. Este año esa tradición desapareció y no simplemente porque el presidente Morales esté en Israel participando en los ágapes que le hace el gobierno judío por su decisión de quedar bien con Trump, sino porque ni la fiscal Thelma Aldana ni el comisionado Iván Velásquez y los principales magistrados del país fueron invitados al acto en el que el Secretario General de la Presidencia realizó la juramentación.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala han trabajado de la mano en los últimos años para combatir el flagelo que significa la falta de certeza jurídica expresada en el trato preferente que la justicia ha otorgado a sectores de poder político, económico y militar en el transcurso de la historia del país.
La decisión de no realizar ningún acto de gobierno en el que participen ni la Fiscal General saliente ni el Comisionado de la CICIG es una clara demostración de la fractura institucional que el Gobierno busca con el nombramiento de la licenciada Consuelo Porras, y debemos prepararnos para ver un marcado distanciamiento no sólo entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional, y si la nueva Fiscal cede, variará la política anticorrupción que ha prevalecido hasta ahora y la que se implementará a partir de mañana en las labores de investigación y persecución penal, lo que no augura nada positivo para el país.
La decisión del Gobierno es una clara muestra de su interés por romper de una vez por todas con la línea trazada desde abril de 2015 cuando se destaparon los sonados casos de corrupción que acabaron con el gobierno del partido Patriota.
Hoy con el peregrino criterio que caracteriza a este Gobierno, el Presidente en Funciones dijo que se está acosando a la nueva Fiscal con el tema del nuevo antejuicio que queda pendiente contra el presidente Morales por el caso del financiamiento ilícito. Un caso así tiene que ser resuelto conforme a derecho y la licenciada Porras deberá analizarlo como todos los casos que pueda haber pendientes y los nuevos que surjan, para resolver no conforme a alguien quiera sino a lo que la ley establece. Lo que pasa es que los acosa lo que manda la ley y sienten pasos de animal grande.
