Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Guatemala no es el único país que tiene problemas con el control del financiamiento electoral y su influencia en la vida política, pero en la medida en que el mismo se dirige a partidos que no son verdaderos partidos políticos, mediante traslados sin transparencia y bajo la mesa, no sólo se permite que se convierta en un soborno anticipado para quienes aspiran a cargos públicos, sino que, además, facilitan lo que ahora conocemos como la cooptación del Estado gracias a las investigaciones que al respecto han hecho la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público.
Yo tengo años hablando de la perversión que es el sistema de financiamiento electoral en Guatemala porque pude comprobar de primera mano la forma en que opera y el condicionante que es para las políticas públicas. Entiendo que las campañas no se pueden hacer sin recursos, pero he comprobado cómo es que esa obvia necesidad se convirtió en la piedra de toque para construir una pistocracia que destruyó el esfuerzo por generar una transición democrática a partir de 1985. Y he dicho varias veces que el primer gobierno electo bajo el actual marco constitucional, el de Vinicio Cerezo, fue cooptado por su mayor financista de campaña que fue Ángel González quien a cambio se aseguró el control perpetuo, según se ha comprobado, de frecuencias de radio y sobre todo de la televisión abierta. Fue tan exitosa esa cooptación que el mismo González la fue replicando después por muchos países de América Latina en donde mediante el apoyo a los políticos obtuvo beneficios inmensos mediante concesiones espurias de las frecuencias.
Pero a partir de entonces se fue perfeccionando el modelo y todos los que han llegado al poder desde ese experimento han tenido que vender el alma a diferentes diablos que llegaron a tener el absoluto control de las campañas por la vía del financiamiento que siempre fue anónimo, por no decir oculto y encubierto, precisamente para evitar que pudiera haber luego alguna fiscalización para determinar relación causa-efecto en las decisiones cruciales que se tomaban en los gobiernos.
Hoy todos sabemos lo que esa forma de operar ha significado y por qué es que aquí no hay partidos políticos sino “partidos empresa” que sirven como instrumento para canalizar formas de enriquecimiento ilícito. Y lo grave es que de esa forma resulta cierto aquello de que el Estado tiene dueños, que son los que desde las mismas campañas pueden controlar a los políticos que mantienen ocultas las fuentes de su financiamiento para después poder poner a todo el aparato del Estado al servicio de los financistas que así recuperan su inversión.
Por supuesto que la transparencia es apenas un instrumento porque sirve para contarle las costillas a los gobernantes, pero tiene mucho valor en la medida en que los ciudadanos juguemos un papel más exigente para fiscalizar a los políticos. Hasta hoy siempre les hemos dado un cheque en blanco para que hagan lo que se les ronca la gana o, peor aún, lo que se le ronca la gana a sus financistas. Entendiéndolo, lograremos acabar con la pistocracia.
