Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Tal y como se había previsto, los diputados se preparan para despenalizar por completo el financiamiento electoral ilícito que se ha entregado en forma anónima a los partidos políticos a lo largo de la historia y que el Comisionado Iván Velásquez bien definió como el pecado original de la democracia. Si de resumir la propuesta se trata, sería lo contrario a lo que escribió Dostoievski, es decir “Ni Crimen Ni Castigo” porque lo que hacen es modificar totalmente la tipificación de lo que se había plasmado como financiamiento electoral, se modifican los actores del delito y se reducen las penas prácticamente a la nada, lo cual hacen los políticos porque saben que su fuente de negocio es, fundamentalmente, ese tipo de financiamiento y saben que sin tales ingresos su paso por las funciones públicas sería poco lucrativa.
Nada parece detener a los diputados en su empeño que contará con algunos importantes apoyos, pero que elimina la posibilidad de emprender una forma distinta de hacer la política en el país para darle más importancia al ciudadano que al dinero. Hemos visto que los mismos empresarios que fueron señalados por haber financiado a Jimmy Morales han pedido perdón por el delito cometido en lo que constituye una actitud edificante que, sin embargo, los diputados aniquilan porque resulta que de un plumazo y por decreto simplemente hacen que los hechos que eran perseguidos dejen de ser delito.
El fallo de la Corte de Constitucionalidad no se refería a una nueva tipificación del delito que es lo que los diputados ahora están haciendo. Se refería específicamente a diferenciar las penas para el financiamiento que proviene del crimen organizado, del narcotráfico o la corrupción, con el que se entrega en forma anónima, pero resulta que el dictamen deja sin responsables en el financiamiento y específicamente libera por completo a las autoridades de los partidos políticos y a quienes puedan ser los que reciban el dinero.
La actitud más reciente de los empresarios que dieron valientemente el paso al frente significó la esperanza de que se pudiera evitar en el futuro ese tipo de apoyos que llegan a ser tan importantes en las campañas como para que de ello dependa todo esfuerzo político, pero se borra esa esperanza de un plumazo con una ley que lo que promueve es la más absoluta impunidad para el financiamiento electoral, venga de donde venga, porque en la manera en que se está tipificando el delito se deja una enorme puerta abierta para que siga la fiesta que ha sido tan dañina para el país.
Nadie puede aceptar que el sistema político guatemalteco goce de esa facilidad para continuar prostituido para siempre y cabalmente eso es lo que se producirá si esa iniciativa se convierte en ley de la República. Necesitamos controles eficientes para que cese el financiamiento ilícito en todas sus manifestaciones porque sabemos ya lo que eso puede significar para el país y cómo ha aniquilado la democracia. Una legislación exigente es lo que, a la luz de la experiencia, necesitamos con urgencia.
