Durante casi todo el siglo pasado era impensable que un gobierno pudiera subsistir sin disfrutar del poder absoluto que permitía reprimir a la población y para guardar apariencias de legalidad se emitieron normas draconianas que en Guatemala tomaron forma con la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, del tiempo de la Liberación, y la Ley de Orden Público que facultaba a usar la fuerza sin control alguno de legalidad, simplemente argumentando riesgos para la seguridad del Estado.
Y hablamos de evoluciones porque esos instrumentos de terror que fueron absolutamente necesarios para asegurar la “estabilidad”, son absolutamente impensables en los Estados democráticos sujetos al imperio de la ley. No quiere decir que haya desaparecido la represión, pero la misma es incompatible con la existencia de democracias que reclaman, como punto de partida, la amplia y libre discusión en las sociedades sobre cada uno y todos los tópicos que interesen a la población. Vimos en Nicaragua cómo se usó la fuerza brutalmente para acallar las voces que reclamaban por una disminución de las coberturas de la seguridad social, pero también vimos la reacción de un pueblo que, aún frente al terror provocado por la violencia, está en las calles demandando el respeto a sus derechos y denunciando los abusos del gobierno de Ortega.
El mundo de hoy no es ni puede ser el mismo que se vivió en 1965 cuando se aprobó la Ley Constitucional de Orden Público. En los últimos 53 años la evolución ha sido radical en todos los sentidos y de aquella América Latina sometida a distintas formas de dictadura queda ya muy poco, como queda muy poco de las limitaciones a la libertad de expresión rebasadas por la existencia de una profusa comunicación en las redes sociales producto de Internet y la información globalizada.
Desapareció, para empezar, el viejo cuco del comunismo que durante los años de Guerra Fría era la justificación para la vigencia de leyes como la que emitió Carlos Castillo Armas para Defensa de las Instituciones Democráticas y la de Orden Público decretada en las postrimerías del gobierno de Enrique Peralta Azurdia. Ya no existe la Unión Soviética ni sus planes de expansión y Fidel Castro murió, como lo hizo la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, que pregonaba la revolución en todo el continente.
Pero ahora la dictadura de la corrupción necesita desempolvar esos viejos instrumentos para frenar el avance de la transparencia que amenaza con acabarles los negocios y resurge la utilización de métodos de terror y represión para “defensa” de las instituciones comprometidas con la corruptela.
