Jorge Santos
Desde agosto de 2015 hemos atestiguado la nueva crisis institucional del Estado guatemalteco, iniciada por Jimmy Morales usando su poder presidencial para evitar el avance de la justicia en casos que lo implican a él y su familia. Su recurrente intento fallido por expulsar al Comisionado Iván Velásquez, junto a la intención del Congreso de la República de garantizar impunidad para los implicados por casos de corrupción e impunidad siguen vigentes. Si bien la movilización social y popular ha sido clave para que estos hechos no se consoliden, no nos engañemos, Jimmy Morales aún en la Presidencia con la aquiescencia de poderes fácticos, mantiene las mismas intenciones. No son casuales los cambios en el Ministerio de Gobernación y la cúpula policial, el intento de resguardo impune del militar Erick Melgar Padilla y la elección de miembros del llamado Pacto de Corruptos en la Junta Directiva del Congreso de la República.
Si somos capaces de aprender de la experiencia, la observación y el análisis -y sí lo somos- sabemos que el Pacto de Corruptos usará tantas estrategias como le sean posibles para alcanzar sus fines. A las propuestas de reforma a la Ley Electoral, la filtración de videos y el intento de interpelar al PDH subyacen la defensa de sus intereses. Así, nuestro análisis de los hechos y la demanda por el avance de la justicia debe ser más astuta y más ambiciosa. Pareció ser, que por un tiempo superamos nuestra vieja costumbre de aceptar lo menos peor y asumir que eso nos merecemos. Al superarlo nos atrevimos -no a soñar- sino que a exigir y trabajar por lo mejor. Eso es lo que necesitamos y seguiremos haciendo.
La amenaza de un estado de sitio que no se da, no es alivio, es una amenaza latente y vigente de la ruptura del orden constitucional y la violación de nuestros derechos. Una terna de seis candidatos a fiscal del MP que incluye a dos personas que tienen vínculos con la estructura del Pacto de Corruptos, no garantiza la elección de la mejor opción sino que legitima la potencial entronización del Pacto de Corruptos en la silla de la Fiscalía General. La hipocresía de lobos que se visten de ovejas, desde la Anam hasta el CACIF, no significa que devolverán los ríos ni manejarán con transparencia los fondos municipales, solamente nos presentan nuevas estrategias de la vieja política en marca frente al proceso electoral 2019.
Así como el intento de expulsión de Iván Velásquez, la aprobación por emergencia de la reforma al delito de financiamiento ilícito, el espaldarazo de Álvaro Arzú y Jimmy Morales, las recientes amenazas “que no se dan” son también estrategias. La acción social debe mantener su exigencia por lo que merece -el respeto a la dignidad humana, la garantía de los derechos humanos y la consolidación de la democracia. Mucho hemos hecho hasta ahora, para empezar a asumir posiciones moderadas que garanticen cambios en la fachada pero la continuidad del Pacto de Corruptos en el gobierno. Ni que fuéramos jardín de la Municipalidad de Guatemala para conformarnos con “vernos bien”.
