Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Luego de que el Presidente pronunció su discurso el pasado viernes frente al alto mando del Ejército de Guatemala para sentirse arropado y poderoso, surgieron reproducciones de videos en los que aparecía Jimmy Morales como candidato presidencial pidiendo que Pérez Molina renunciara a la Presidencia o, por lo menos, al antejuicio para esclarecer su situación en los tribunales y otros en los que concretamente pedía, con tono de exigencia, que lo investigara la Comisión Internacional Contra la Impunidad para determinar si estaba rodeado de militares retirados y si tenía financiamientos ocultos. Y circularon porque su reacción al señalamiento que se hizo el día anterior sobre el millonario aporte de varios empresarios fue la de simple y sencillamente negarlo todo, diciendo que ni él ni su partido recibieron ese dinero.
En cambio, quienes fueron señalados en el mismo caso de haber aportado dinero en forma anónima, se presentaron el mismo jueves y aceptaron los hechos, lo que marca un enorme contraste que tiene importancia no sólo de cara a la coyuntura, sino especialmente con la vista puesta en el futuro, en la necesidad de modificar procedimientos para evitar que el financiamiento anónimo siga siendo una de las piezas del sistema político guatemalteco. Estamos hablando del mismo hecho y resulta que una de las partes, la que recibió el dinero, niega rotundamente todo mientras los donantes, que recibieron presiones para negarlos también a cambio de ofrecimientos para legislar impunidad, decidieron afrontar su responsabilidad con esa pública aceptación de los hechos.
No es ni parece poca cosa la diferencia entre una y otra actitud, especialmente en lo que se refiere a la enorme importancia que tiene el que, mediante el reconocimiento de que esos procedimientos se han dado, se pueda emprender un verdadero cambio en nuestro modelo político más allá de lo que ha ido aprobando el Congreso en cuanto a reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que simplemente fue cambiada, pero para que nada cambie, para que los caciques sigan teniendo el control de los partidos y también de los recursos que manejan libremente sin rendición de cuentas a nadie.
Reconocer lo ocurrido marca un hito para que la sociedad entienda la enorme importancia de regular el financiamiento electoral y ahora no queda excusa ni pretexto para que se introduzcan verdaderas reformas que se orienten a ese fin. Uno esperaría que un Presidente electo con el mandato de romper con los vicios de la vieja política sería pieza fundamental en un esfuerzo por depurar nuestro modelo, pero Morales nunca asumió el mandato ni lo entendió, y por ello su primera decisión política fue “fortalecer” su partido con toda la escoria existente en el Congreso.
Para construir transparencia y terminar la impunidad hace falta que todos asumamos nuestra responsabilidad y que, mediante las expresiones apegadas a la verdad, se pueda aclarar cómo funciona el sistema y cuáles son los cambios indispensable. Morales perdió su último chance de rescatar una Presidencia a la que llegó como adalid y portavoz de los asqueados por la vieja política.