Factor Méndez Doninelli
Tres personas sindicadas de lavado de dinero producto del saqueo de fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lograron evitar su captura debido a que una fuga de información les advirtió un día antes mediante llamadas telefónicas. Los ahora fugados son, Juan Carlos Fernández, Henry Madrid Romero y Carlos González Castellanos.
El Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, sostuvo que la filtración de información pudo iniciarse en el sistema electrónico implementado por la Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ), por lo que pedirá anular dicho sistema. El Presidente de la citada Cámara, Magistrado Felipe Baquiax aclaró que la información sobre órdenes de captura sólo la conocían el Juez, los Fiscales y la Policía Nacional Civil (PNC). Debido al cuestionamiento hecho por el fiscal Sandoval, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió el citado sistema electrónico.
Por la misma situación, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) mediante un comunicado expresó disgusto por la fuga de los tres señalados, a la vez ratificó que los sindicados fueron avisados desde el jueves 12 de abril, un día antes del operativo frustrado dirigido por la CICIG y el Ministerio Público (MP). Esta fuga de información es un grave síntoma de corrupción que favorece la impunidad, debe ser investigado a fondo, hasta identificar a quienes resulten responsables.
Por otra parte, los mismos entes investigadores el MP/CICIG han asestado un duro golpe a estructuras criminales de extorsión, robo y lavado de dinero, un reciente operativo denominado “Operación Escudo Regional”, permitió 95 capturas, entre las que destacan la del coronel Ariel Salvador de León, presunto testaferro de la Mara Salvatrucha (MS-13) señalado de lavado de dinero y la del comisario Lucindo Chávez Cifuentes, jefe de la Comisaría Departamental de la PNC en Chimaltenango, por cargos de abuso de autoridad y asociación ilícita. Las investigaciones realizadas estiman que esa estructura criminal, durante 16 años entre el 2001 y 2017, lavó más de 77 millones de quetzales.
Los dos hechos anteriores, siguen demostrando que en las filas de las fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército y la PNC, están incrustadas estructuras criminales que actúan en contra de la vida, el patrimonio, la seguridad y la libertad de los habitantes del país. Es difícil aceptar que las instituciones encargadas de la seguridad pública y territorial, estén envueltas en actos criminales porque algunos malos elementos comprometen la confianza y credibilidad ante la población.
Es pertinente recordar, no es la primera vez que militares y policías aparecen involucrados en redes criminales o conductas violatorias de los derechos humanos (DD. HH.). Ahora se explica los misteriosos robos de armamento y granadas sustraídos de las bodegas del Ejército en años recientes, así como, el armamento incautado a algunas clicas de mareros a quienes se encontró parte de los lotes robados al Ejército. Explica también, el vertiginoso enriquecimiento ilícito de ese tipo de servidores públicos, la escalada de violencia e inseguridad en contra de la población, el descrédito y razonable desconfianza que el Ejército y la PNC tienen ante los habitantes.
Sostengo la hipótesis que las maras son grupos manipulados por las fuerzas armadas que las activan o desactivan a discreción, para vender la idea de la inseguridad y argumentar la necesidad de las millonarias partidas presupuestarias que el presidente Jimmy Morales ordena les sean transferidas de otros ministerios, sacrificando programas y políticas sociales como salud, educación o desnutrición.
