Luis Enrique Pérez
Celebro que una notable mayoría de guatemaltecos que participaron en la reciente consulta popular, haya aprobado que la Corte Internacional de Justicia resuelva el legítimo reclamo de Guatemala sobre una parte del territorio continental, insular y marítimo de Belice. Participó 26% del número total de ciudadanos legalmente aptos para votar. De ellos, 96% aprobó someter el reclamo al veredicto de la corte, y 4% no lo aprobó.
Una consecuencia inmediata de esa aprobación consiste en que Belice también tendrá que celebrar una consulta popular para aprobar o no aprobar que la Corte Internacional de Justicia resuelva el reclamo territorial de Guatemala. El gobierno beliceño ha reconocido ya oficialmente que, luego de que los guatemaltecos han aprobado someter el reclamo a la corte, Belice también tiene que celebrar su propia consulta popular, probablemente en el final del presente año, o en el comienzo del año próximo.
Solo si los beliceños votan aprobatoriamente, Guatemala y Belice acudirán a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, luego de que los guatemaltecos votaron ya aprobatoriamente, compete al pueblo beliceño decidir que el reclamo territorial sea o no sea resuelto por la corte. El voto aprobatorio de los guatemaltecos era necesario, pero no suficiente, para someter el reclamo al veredicto de la corte.
¿Aprobarán los beliceños la intervención de la Corte Internacional de Justicia? No hay todavía algún indicio que sensatamente autorice a afirmar o a negar que la mayoría de ellos aprobará tal intervención. El voto aprobatorio de la mayoría de guatemaltecos podía haber provocado, en el pueblo beliceño alguna inmediata reacción indiciaria; pero no la provocó. La reacción del gobierno de Belice ha sido meramente diplomática. Había que “felicitar al Gobierno y al pueblo de la República de Guatemala por celebrar su consulta popular… sobre la cuestión de acudir a la Corte Internacional de Justicia, conforme al Acuerdo Especial del año 2008.”
Puede argumentarse que la notable mayoría de guatemaltecos que, en la consulta popular, votaron aprobatoriamente, influirá en que los beliceños también voten aprobatoriamente y, por consiguiente, Guatemala y Belice acudan a la corte para que resuelva el reclamo territorial. Un problema de este argumento es suponer que la mayoría de beliceños está dispuesta a exponerse al riesgo de devolver por lo menos alguna parte del territorio reclamado. Es una suposición discutible. Hasta puede suponerse que la mayoría no está dispuesta a exponerse a ese riesgo.
El voto aprobatorio de los guatemaltecos en la consulta popular puede influir en que el gobierno de Belice intente persuadir al pueblo beliceño de votar también aprobatoriamente. Lo intentaría para evitar que la comunidad de naciones pueda acusar a Belice de oponerse a resolver judicialmente, con la intervención de la Corte Internacional de Justicia, el reclamo territorial de Guatemala, y acusarlo también, entonces, de propiciar la persistencia del conflicto entre ambos Estados.
Un voto no aprobatorio de los beliceños en la consulta popular inutilizaría la consulta popular celebrada en Guatemala, y obligaría a concebir un nuevo recurso de resolver el reclamo territorial de Guatemala, en el supuesto de que, en Belice, la consulta no se repetiría absurdamente hasta lograr un voto aprobatorio; repetición que podría tender a la infinitud.
Ese voto no aprobatorio también podría brindar la oportunidad de volver a una opción de solución en la cual Guatemala y Belice ya habían convenido. Aludo a que, en el año 1993, luego de que, en el año 1991, Guatemala reconoció que Belice era un Estado independiente, ambos Estados estaban dispuestos a convenir en esta solución: Guatemala aceptaba la frontera terrestre de Belice delimitada en el tratado del año 1859, y Belice aceptaba concederle a Guatemala un derecho de vía en el mar territorial beliceño. La disolución del gobierno del presidente Jorge Serrano evitó consumar ese convenio; y Guatemala volvió a reclamar hasta casi 50% del territorio de Belice.
Post scriptum. Belice podría ser objeto de censura internacional, no precisamente política sino moral, si la mayoría del pueblo beliceño no aprueba acudir a la Corte Internacional de Justicia para que resuelva el reclamo territorial de Guatemala.
