J. Fajardo
Como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013, las pensiones han dejado de actualizarse según el IPC. Su subida está ligada desde 2014 al déficit o superávit de la Seguridad Social. Si cierra en números rojos, como viene ocurriendo durante toda la crisis y ha continuado con la recuperación, el alza de las pensiones queda limitada al 0.25%. Y si la inflación supera ese porcentaje, las pensiones pierden poder adquisitivo. Diferentes expertos han calculado la devaluación que sufrirán estas prestaciones públicas en caso de que la Seguridad Social continúe en déficit, contando con que el IPC vuelva a los valores normales de una economía que crece al ritmo del 3% anual. La última proyección la ha realizado UGT, que estima que una pensión de 1,000 euros rebajará su poder de compra a 949 euros en 2022. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el sistema seguirá en números rojos hasta ese año, por lo menos. El Gobierno cifra en 2 mil millones de euros el recorte que la revalorización topada al 0.25% inflige a las pensiones cada año.
El cálculo de UGT no incluye la bajada en la prestación que supondrá a partir del año próximo la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, también aprobado en la reforma de 2013. Ese coeficiente, que reduce la pensión según la esperanza de vida de cada generación, se aplicará sólo a las nuevas pensiones que se generen a partir de 2019 y sólo una vez. Pero supondrá un recorte adicional al acumulativo de limitar al 0.25% la subida cada año.
La combinación de ambas medidas se traducirá en una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión (al aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años) y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas.
Parecidas son las conclusiones a las que llega el profesor de la Universidad Complutense Alfonso R. Sánchez en un ejercicio de simulación publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los nacidos entre 1965 y 1985, que se jubilarán entre 2032 y 2052, serán los más afectados por la aplicación conjunta del factor de sostenibilidad y la revalorización del 0.25%, concluye.
Para los jubilados más longevos, augura, el alza mínima anual se convertirá en una pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicial respecto del salario medio que percibían cuando trabajaban, según el estudio. Además, “una vez determinada (la cuantía de la pensión), su poder de compra real se deteriorará inexorablemente”, asegura el autor. Y el efecto será aún “más dañino” para las pensiones más bajas e incluso “podría llevar a una parte apreciable de la población mayor a estar por debajo del umbral de pobreza”, advierte.
El IPC, sólo si hay equilibrio
Mariano Rajoy intervino en el pleno monográfico sobre pensiones convocado tras las masivas protestas de los jubilados. Pero Moncloa descarta que el presidente del Gobierno dé “golpes de efecto” ni plantee “ocurrencias”. Y el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, ha prometido que las pensiones subirán, incluso por encima del IPC, sólo cuando se equilibre el sistema de la Seguridad Social.
A favor de vincular de nuevo la subida de las pensiones a la inflación, en cambio, se han manifestado todos los partidos de la oposición, menos Ciudadanos –que puso “condiciones” para apoyar la iniciativa–, así como los sindicatos. El PP se niega a suprimir tanto la revalorización del 0.25% como el factor de sostenibilidad, porque, asegura, aumentaría el déficit público y se pondría en peligro el sistema.
