El resultado de la Consulta Popular, en caso sea ratificado por la población beliceña en el referéndum que deberá realizarse, envía el caso en forma definitiva a la Corte Internacional de Justicia que deberá resolver el ancestral diferendo sobre ese territorio. Los ciudadanos guatemaltecos que asistieron a la Consulta en forma abrumadora votaron a favor de esa solución que fue pactada por ambos países y que dependía, precisamente, de la voluntad soberana de los guatemaltecos y beliceños.
Ahora se entra en una etapa muy especial y diferente porque no será mediante negociaciones diplomáticas que se siga enfocando el diferendo territorial sino que cada uno de los Estados deberá aportar las pruebas legales para que un tribunal resuelva conforme al derecho internacional lo que corresponda y luego de que nuestro país hizo un reconocimiento expreso de Belice como Estado independiente, puede decirse que los juzgadores no tendrán mucho problema para dictar la resolución que conforme a la ley corresponda.
Fue acordado entre los dos países que la Corte no resolverá el caso ex aequo et bono, es decir conforme a criterios de lo bueno y la equidad, sino conforme a las pruebas jurídicas que cada una de las partes presente para la evaluación de los derechos que puedan existir a favor de una y otra parte. Por nuestro lado no se ha sabido cuál es la estrategia de la Cancillería, si es que tienen alguna, para litigar ante la Corte Internacional de Justicia pero, en todo caso, lo correcto es suponer que luego de la Consulta Popular se ha cerrado un larguísimo capítulo de la historia en el que se vivió bajo la idea de que Belice es de Guatemala y que algún día sería recuperado. Contrario a lo que dijeron algunos diputados y funcionarios, esta consulta no era para “recuperar Belice” (o Brasil), sino para trasladar la facultad de terminar el conflicto a la Corte Internacional de Justicia.
No creemos que ahora, antes de la consulta o referéndum en Belice, se deba anticipar el alegato guatemalteco, si es que se tiene alguno ya previsto, pero es obvio que una vez sometido el caso a la mencionada Corte será indispensable que se informe a la ciudadanía del curso de los acontecimientos, empezando por la contratación nada barata de los abogados expertos en cuestiones territoriales que deberán llevar el proceso. No son muchos los letrados que tienen la suficiente experiencia como para dirigir un litigio de esta naturaleza y dependeremos de ellos y de las pruebas que el país pueda aportar.
