Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Obviamente en las estructuras de un aparato como el Estado no se puede erradicar la presencia de quienes alientan la impunidad y pretenden mantener la corrupción que les ha sido tan beneficiosa. Por ello es que el Pacto de Corruptos se sigue apuntando “logros” como el de esta mañana cuando los sindicados por actos de corrupción, perseguidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, fueron oportunamente avisados de los operativos programados para detenerlos y pudieron evadir la acción de la justicia. Y cabalmente por todo ello es que resulta tan importante insistir en el tema de la reforma al Sector Justicia para garantizar no sólo que no existan facilidades para filtrar informaciones sino que, además, certeza de castigo para quienes desde una posición de poder ayuden a los delincuentes.
Ayer decía yo que es alentador que hasta quienes fueron consejeros legales para facilitar la venta de los activos de Guatel y privatizar la telefonía asuman posturas en las que insisten en que el camino para detener la corrupción es acabar con la impunidad. Y es que, como dicen, mientras no haya certeza de castigo siempre habrá alicientes muy poderosos para que cualquier funcionario o particular se pongan de acuerdo para establecer mecanismos que les permitan alzarse con bienes públicos. Y esa certeza no es posible mientras tengamos una administración de justicia cooptada desde su mismo origen por la forma en que operan las Comisiones de Postulaciones y los operadores políticos de los partidos que tienen mayoría en el Congreso para integrar las listas de magistrados de Salas de Apelaciones y de la misma Corte Suprema de Justicia.
La idea de trasladar a la academia la nominación de candidatos para ser juzgadores era, en teoría, genial para despolitizar y evitar la mañosería en la designación de los jueces y magistrados. Sin embargo, el resultado ha sido funesto porque se prostituyó a la academia en una forma terrible y resulta que el ser postuladores se convirtió en un elemento de negociación enorme y hasta hay universidades que se crearon cabalmente para participar en las Comisiones que postulan.
Ante la certeza de que el sistema no funciona se creó la instancia para la reforma constitucional del Sector Justicia a fin de establecer otros mecanismos para conformar los Tribunales de Apelaciones y la Corte Suprema. Ya sabemos en qué paró el esfuerzo porque como era algo tan sensitivo, era imposible que fuera aprobado por nuestro Congreso que no tiene el menor interés en acabar con la impunidad toda vez que de ella dependen para seguir haciendo de las suyas.
Hoy se destaca otra vez cuán difícil es enfrentar la impunidad sistémica que hay en el país. En algún lado se producen filtraciones que evitan que se de esa certeza jurídica de castigo a quienes delinquen y como resultado de ello la impunidad se consolida de manera insolente.
Creo que una alianza ciudadana, un frente común amplio en contra de la impunidad, es indispensable y que en ello se debe unir la ciudadanía decente del país para empezar a cimentar cambios que nos den, de verdad, certeza jurídica.
