Juan Antonio Mazariegos G.
En cumplimiento al acuerdo 22–2017 del Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral nos ha convocado a asistir a votar en una Consulta Popular el próximo domingo 15 de abril, mediante la cual todos los guatemaltecos, debidamente empadronados, con goce y en ejercicio de nuestros derechos, podremos decidir si Guatemala somete a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el diferendo territorial con Belice, sobre el territorio que actualmente administra esa nación.
La Consulta Popular tendrá una sola pregunta ¿Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?
Nuestra Constitución Política vigente, en el artículo 19 de sus disposiciones transitorias y finales determina que “El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de Consulta Popular…”.
En mi opinión, el camino de someter el diferendo territorial a un tribunal internacional es el único que hoy puede seguir Guatemala en sus legítimos reclamos sobre el territorio en cuestión, no hay alternativa, los caminos políticos o de imposición de la fuerza no son lógicos ni posibles. Debemos centrar nuestros esfuerzos en cerrar esta obscura página de nuestra historia, defendiendo en los tribunales lo que en derecho nos corresponde, que se restituya a Guatemala aquello que Inglaterra recibió como simples concesiones para explotación maderera y que los británicos se encargaron de hacer suyo bajo la amenaza de la fuerza, abusos, engaño y en base a acuerdos y pactos que nunca cumplieron.
La historia del manejo del diferendo territorial cuenta con más errores que aciertos gubernamentales, hoy también se discuten los costos de la Consulta, el interés que pueda tener Belice en realizar su propio proceso para someterse a la CIJ, si la Consulta es inconstitucional y la desinformación que priva sobre el evento. A mi entender la Consulta Popular cumple con lo que preceptúa nuestra Constitución, la CC ya dictaminó en ese sentido, la CIJ es una instancia competente y debemos de acudir a las urnas a votar. Luego de analizar las dos opciones votaré por el SÍ, considero que el territorio que reclamamos legítimamente pertenece a Guatemala y no veo otra opción para recuperarlo.
