Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Mientras en una poco común expresión de apoyo a la lucha contra la corrupción el Embajador de los Estados Unidos dijo ayer en el Tribunal Supremo Electoral que “se debe eliminar de una vez por todas el financiamiento ilícito que tanto daño le causa a Guatemala”, agregando seguidamente que “en el contexto de la lucha contra la corrupción e impunidad es imposible ignorar el papel del TSE en promover una cultura de transparencia al fiscalizar el financiamiento electoral”, la magistrada Presidenta de ese tribunal afirmó que enviarán una opinión a la comisión del Congreso que analiza el artículo 407 N del Código Penal para fijar una pena más leve para el financiamiento electoral anónimo.
La lógica es que se supone que el financiamiento electoral producto de dinero del narcotráfico, del crimen organizado o de la corrupción debe tener mayor sanción que el simple financiamiento electoral anónimo, pero se pasa por alto que es éste el que produce la cooptación del Estado. Los narcos financian sobre todo la elección de autoridades locales para asegurarse la impunidad en sus operaciones mientras que el verdadero financiamiento letal, que o proviene de la corrupción o es generador de ella, resulta de esos aportes anónimos de cuello blanco que según la magistrada Mijangos deben tener una pena casi simbólica.
Lo dicho por el Embajador es categórico y coincide con lo que se ha afirmado de que el pecado original de nuestro sistema político, al que algunos todavía tienen el cinismo de llamar democracia, es el financiamiento electoral ilícito, provenga de donde provenga porque es el que ha colocado al aparato del Estado al servicio de intereses espurios. Llega a tal extremo la situación que aquí el único mandato realmente exigible es el que se produce entre los financistas y los políticos, siendo los primeros los mandantes y los otros los mandatarios. Por ello es que a Jimmy Morales y a todos los que han llegado a la Presidencia les vale gorro el mandato popular en las urnas porque nunca asumen compromiso con los votantes sino que el único que adquieren y honran al pie de la letra es con los que les pusieron el pisto para realizar su campaña en la que, simple y llanamente, babosearon a los electores.
Con perdón del pedigrí de algunos financistas, yo estimo que es peor y más comprometedor el dinero que proviene de donantes de cuello blanco, muchos de los cuales adquirieron ese cuello gracias a la jugosa y asquerosa corrupción que lleva tantos años de imperar en nuestro país, que el de los grupos de crimen organizado que se concentran en aportar para que les dejen en paz y no se metan con ellos. Por ello es que, gracias a nuestra inveterada corrupción, Guatemala sigue siendo el principal puente para el trasiego de droga aunque aumentan los decomisos y aumenten las capturas porque lo poroso, no de nuestras fronteras sino de nuestro sistema político (corrompido por el financiamiento simplemente “anónimo”), es lo que nos colocó como paraíso de corrupción e impunidad.
Pero eso no lo quieren ver los magistrados del TSE nombrados, cabalmente, por la mafia política de siempre.
