Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Mucha gente se pregunta cómo llegamos a la condición actual, con un Estado cooptado de tal manera que perdió su capacidad de ejecutar políticas públicas porque toda su función terminó centrándose en la promoción de negocios para satisfacer la ambición de políticos y de quienes los vienen controlando desde hace ya muchos años. La respuesta a esa pregunta sobre por qué llegó a ser tan inmensa la corrupción está en la existencia de una también inmensa impunidad que se ha ido perfeccionando en el transcurso de los años.
Es cierto que desde el origen de Guatemala tras su Independencia quedó establecido un régimen de impunidad para poderosos sectores y eso ha prevalecido a lo largo de nuestra historia, pero nuestra guerra interna del siglo pasado hizo que el aparato del Estado, para proteger a quienes peleaban desde el bando institucional, diseñara mecanismos de impunidad a efecto de garantizar la libertad de quienes pudieran haber cometido excesos en el conflicto.
Siempre he dicho que los aparatos de impunidad que se generaron, tanto en la Fiscalía como en los tribunales, mutaron luego del conflicto para ponerse al servicio de los intereses más perversos. La impunidad dejó de ser privilegio sólo de las élites y de los militares para convertirse en un instrumento de poderosos grupos criminales que hicieron de la corrupción su medio de vida y que fueron perfeccionando de tal manera el modelo que llegaron a controlar, tanto las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones como la de Fiscal General, de manera que no se pusiera en peligro ese extenso tejido que ha sido vital para facilitar el saqueo del país a lo largo de muchos años.
Tanto los que se benefician con las compras y adquisiciones del Estado como quienes obtienen derechos de explotación de recursos o frecuencias, se sumaron al esfuerzo de la cooptación que garantizó que todo recurso público estaría al servicio de quienes hacían posible la elección de las autoridades mediante distintas formas de financiamiento electoral, todo ilícito y, peor aún, perverso porque no sólo perseguía impulsar a ciertos candidatos sino que los condicionaban desde la misma campaña, donde los políticos terminaban vendiendo su alma al diablo.
Desde que en 2015 empezó la investigación contra la corrupción y se puso en evidencia que la impunidad ya no sería absoluta, las cosas han cambiado, porque ahora los pícaros ya no pueden operar con la tranquilidad de antes. Falta muchísimo por hacer porque se debilitó nada más la pata que tiene que ver con la investigación y la persecución penal, pero queda aún intacta la pata de los juzgadores que siguen comprometidos como se pudo ver con algunos de los antejuicios que han sido tirados burdamente a la basura.
El objetivo de la nueva Guatemala que tenemos que fijarnos con obsesión es el de un país ajustado a derecho en el que la ley se aplique correctamente a todos los ciudadanos, tanto para proteger sus derechos como para deducir sus responsabilidades, y ese esfuerzo debe ser tarea de todos porque la impunidad nos pasa factura a todos, tarde o temprano.
