Emilio Matta Saravia
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Recibí la semana pasada la edición número 136 de la Revista Análisis de la Realidad Nacional que se publica quincenalmente por la Usac. En ella se publica un interesante estudio, muy completo y técnico, realizado por el economista agrícola Mamerto Reyes Hernández titulado “Corrupción y desarrollo, ¿realmente la primera afecta al segundo?”.
En resumen, el autor busca encontrar la respuesta a la pregunta si la corrupción afecta al desarrollo y para ello desgrana en diez relaciones entre la percepción de corrupción medida por el índice de percepción de transparencia preparado por Transparencia Internacional, y las siguientes variables que miden el grado de desarrollo de un país: PIB por habitante expresado en dólares americanos, inversión extranjera directa neta, inversión total, importancia o participación del producto agrícola en el PIB, desigualdad de la distribución del ingreso, desigualdad de la incidencia de pobreza, prevalencia de la desnutrición, mortandad infantil, tasa de homicidios intencionales y el índice de desarrollo humano. Para cada una de las variables se planteó una hipótesis y se utilizó un análisis de regresión para validar la misma.
La conclusión del trabajo indica que existe evidencia que el desarrollo y la corrupción guardan una relación inversa, es decir, a menor corrupción, mayor grado de desarrollo y viceversa. Las variables sobre las que la corrupción tiene una mayor incidencia (medida como r2 del modelo) son el PIB por habitante, inversión total, importancia de la producción agrícola como % del PIB, incidencia de pobreza, prevalencia de desnutrición, mortandad infantil, tasa de homicidios intencionales y el índice de desarrollo humano.
También hubiese sido interesante medir el nivel de incidencia que tiene la corrupción sobre la educación en los distintos países, que estoy seguro debe de carácter inverso y de nivel medio a alto, como las variables mencionadas anteriormente. Sin embargo, la conclusión es muy clara y contundente: la corrupción es un factor central que impide a los países obtener altos grados de desarrollo para sus habitantes, medidos de distintas formas, ya sea utilitaristas como PIB por habitante o inversión total, o más “humanas”, como la desnutrición o el índice de Gini para medir distribución de pobreza o el índice de desarrollo humano de PNUD. El resultado es el mismo: la corrupción incide dramáticamente en nuestro desarrollo como nación.
Por lo tanto, la lucha contra la corrupción no es algo que podamos postergar, retrasar o simplemente dejar pasar. Debe ser el motor que nos mueva a lograr cambios de fondo en nuestros sistemas de elección popular, de financiamiento de partidos políticos, de compras y contrataciones del Estado, de control sobre la transparente ejecución de los gastos del gobierno, de control en el contrabando de mercaderías en las aduanas del país, principalmente fronteras y puertos, y un largo etcétera. La lucha contra la corrupción no tiene bandera, ideología o patrocinador. Todos debemos ser partícipes de esta lucha, aunque sea algo tan burdo y sencillo como negarnos a dar una coima por un beneficio como evitar una multa de tránsito o una cola en una dependencia del gobierno. En la medida que todos pongamos de nuestra parte, y nos quitemos de encima esas atávicas costumbres, en esa medida iremos desterrando el eterno mal de Guatemala que no nos permite despegar hacia un futuro mejor.
