Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Con anterioridad, en este mismo espacio, he compartido con los lectores algunos aspectos del Plan de Trabajo que propongo ejecutar en el Ministerio Público. Hoy me refiero al uso adecuado de la tecnología, de los sistemas de comunicación y una buena coordinación interinstitucional como condiciones que deben ser atendidas para que la fiscalía pueda desarrollar su labor de manera eficiente.
Actualización e implementación de prácticas tecnológicas y de las comunicaciones
En la actualidad la institución cuenta con instrumentos tecnológicos que apoyan el trabajo de los fiscales e investigadores. Sin embargo, el propio plan estratégico que actualmente se está ejecutando reconoce que: “el sistema tecnológico e informático del MP sigue teniendo debilidades estructurales.” Por lo tanto, es necesario determinar cómo optimizar su uso, para aprovechar los medios tecnológicos en la investigación, así como en la gestión administrativa.
La tecnología es una herramienta que se puede utilizar para la mejor administración de la Fiscalía. Debido a que se reconoce que existe una cultura arraigada que se resiste al uso de la tecnología, se deberá implementar una política para fomentar y desarrollar las competencias tecnológicas del personal y los funcionarios de la institución.
Además, los usos en la tecnología avanzan aceleradamente, por lo que es conveniente que la institución pueda establecer mecanismos de modernización de sistemas y aparatos tecnológicos. A la vez hay que establecer controles estrictos que impidan la interferencia de los sistemas informáticos del Ministerio Público, para garantizar que la información no sea utilizada indebidamente.
En relación a los sistemas de comunicación, se deben implementar mecanismos internos y externos que faciliten la comunicación, de manera que la actuación del Ministerio Público sea más ágil en los casos en que se requiere celeridad.
Se deben establecer canales de comunicación efectivos con organizaciones internacionales tales como la INTERPOL, la Agencia de Combate al Narcotráfico de Estados Unidos -DEA-, así como con otras fiscalías de la región.
Coordinación Interinstitucional
Debido a que el Ministerio Público es una de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia, es necesario que coordiné, las actividades que realiza, con otras instituciones del sistema: como la Corte Suprema de Justicia, la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses; el Ministerio de Gobernación. También con otras entidades contraloras, como la Contraloría de Cuentas, la SAT, la IVE, la Superintendencia de Bancos. Y, además, con los diversos registros públicos.
La fiscalía deberá establecer protocolos para la coordinación con cooperación internacional en materia funcional y económica. En este sentido es conveniente que defina las áreas prioritarias en que las agencias de cooperación internacional pueden colaborar.
La coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- merece especial atención. Los avances que se han logrado en Guatemala en la lucha contra la corrupción y la desarticulación de grupos de crimen organizado, han contado desde hace diez años con el respaldo de la CICIG y este apoyo es necesario. Sin embargo, hay que tomar en consideración que dicha colaboración tiene carácter temporal y fue contemplada como un mecanismo de fortalecimiento de las instituciones de justicia nacionales. En ese sentido debe priorizarse el traslado de capacidades y el desarrollo de competencias al personal de la fiscalía. A fin de que, a mediano o largo plazo, el país cuente con una institución sólida y moderna, capaz de enfrentar por sí misma, los desafíos de los fenómenos criminales en el país.
En el futuro, en este mismo espacio, compartiré otros aspectos del Plan de Trabajo propuesto.
