La decisión comunicada ayer por la Corte de Constitucionalidad amparando al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, a fin de impedir que tuviera que asistir a su propio linchamiento en el Congreso de la República es de suma importancia para contener al Pacto de Corruptos que pretende pasarle la factura al Magistrado de Conciencia por su actuación en los días aciagos cuando el Presidente dispuso declarar persona non grata al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.
No puede dejar de mencionarse que el vocero del Pacto de Corruptos (es decir el vocero presidencial) llegó al colmo de afirmar que el Procurador de los Derechos Humanos es un empleado del Congreso. Ciertamente no se trata de un experto en cuestiones de Estado ni de alguien que haga gala de elemental sentido común, pero obviamente para los pícaros todo mundo está a su servicio y por ello no les cabe en la cabeza que pueda haber un funcionario que cuestione de manera tajante el comportamiento de quienes pretenden afianzar la Dictadura de la Corrupción en el país. Y, como cualquier empleadito, creen que el Procurador está limitado a jugar el rol que ellos le asignen y si se sale del libreto se hace merecedor a la sanción del despido fulminante, como ya se hizo con el defenestrado Ministro de Gobernación y las autoridades de Policía que no actuaban bajo los dictados del jefe supremo, el Alcalde, quien en represalia mandó a su “propio” a hacerse cargo del Ministerio del Interior.
Es un hecho que estamos llegando a una situación en la que no cabe hacerse ilusiones sobre el comportamiento de quienes se resisten a ceder ante la avalancha ciudadana en contra de la corrupción. Cuentan con aliados que saben utilizar todas las armas a su alcance y no dudarán en atrincherarse, sobre todo, para facilitar que el Presidente pueda poner en el MP a alguien que actúe como empleado suyo, tal y como esperaban que fuera el Procurador de los Derechos Humanos. Y esa será, sin duda alguna, la madre de todas las batallas porque de ella dependerá en buena medida el futuro del país, totalmente vinculada al futuro de la corrupción porque si no logramos vencerla, vendrán años muy aciagos en los que tratarán de evitar que se vuelvan a repetir los momentos y situaciones que les ha tocado vivir como consecuencia de las investigaciones de los últimos años.
La Corte de Constitucionalidad está jugando el papel que le corresponde y, sin duda, tras ella irán ahora los pícaros para lograr su cometido.
