Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Hay tantos temas que abordar en esta coyuntura que uno no sabe cuál elegir especialmente porque a la hora que escribo estas líneas, trasciende información que desde el Congreso preparan las siguientes jugadas ahora que la Corte de Constitucionalidad (CC) les paró, por ahora, la mano.
En mi columna del día sábado expresé opinión respecto a cómo, la tabla de gradación que define la Comisión de Postulación para la elección del próximo Fiscal General de la Nación, no permite medir la idoneidad de los aspirantes.
La tabla se compone así: méritos académicos, 30 puntos; aspectos profesionales, 65 puntos y proyección humana 5 puntos para totalizar los 100 puntos. Los 30 puntos de méritos académicos, se subdividen así (todos puntos): 14 por títulos académicos, 9 por docencias, 2 por publicaciones, 1 por eventos académicos, 2 por elaboración de estudios y otros 2 por méritos obtenidos, para ajustar los 30 puntos.
Luego, los 65 puntos de aspectos profesionales, se componen así: ejercicio profesional del Derecho, 35; ejercicio profesional administrativo, 10; políticas, 3; relacionamiento, 2, la entrevista 10 y la prueba psicométrica, 5 para sumar los 65 puntos totales. De la proyección humana, solo son 5 puntos.
Hago este desglose para que usted, estimado lector, pueda darse cuenta que en ningún momento se hará un esfuerzo por determinar la idoneidad de los candidatos, si ni siquiera se mide la calidad de los títulos que presentan. En los aspectos profesionales, no hay ningún ejercicio para ver cómo se ha desempeñado en el oficio, no se pide listado de al menos cinco clientes, casos o instituciones para poder indagar y hablar con los clientes, jefes, subalternos o compañeros para tener mejores parámetros.
Hay países en los que alguna gente no se mete a nada porque sabe que en los procesos de verificación les sacan hasta las cuentas y los últimos trapos, pero aquí ni siquiera estamos haciendo una verificación de algunas facultades “de garage” que sientan a comisionados, no digamos de los mismos candidatos.
Es falso y hasta posible comisión de apología del delito decir que eso de querer que se apliquen los artículos 113 y 207 de la Constitución es pretender alterar el orden e ilegal; lo que sucede es que nos hemos acostumbrado a que en Guatemala la ley está de adorno y nos vamos con las fintas de las maestrías y doctorados, aunque sean express más un ejercicio, a veces, nada ejemplar de la profesión.
No estamos evaluando cómo, los que aspiran a un cargo tan importante en nuestro futuro, se desarrollan en sociedad y el concepto que de ellos tengan algunos de sus entornos y resulta que esta elección es la madre de todas las batallas porque si perdemos el Ministerio Público en manos de las mafias, la factura la pagarán hasta aquellos que puedan estar haciendo porras a Arzú, Morales, diputados y algunos particulares que desean llegar hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste.
El proceso puede terminar siendo más largo de lo normal, pero eso no nos debe asustar ni mucho menos servir para que se hagan llamados a cometer delitos, meter miedo y llamar a la confrontación, pues nunca podrá haber una mejor Guatemala si la reconstrucción no pasa por cumplir la ley por encima de todo.
