Emilio Matta Saravia
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La semana pasada la Sala Tercera de Apelaciones falló para mantener la inmunidad al alcalde capitalino Álvaro Arzú, argumentando que “no era viable la formación de causa”. Sin embargo, de los 3 integrantes de la mencionada Sala, la vocal II, Zonia de la Paz Santizo, no estuvo de acuerdo con la decisión de sus colegas y razonó su voto en contra.
No voy a entrar en la descripción e interpretación legal de los argumentos de ambas partes, ya que en primer lugar no soy abogado, por lo que no soy docto en la materia, y en segundo lugar, este medio, en su página de internet, publicó en un muy buen reportaje los argumentos en contra de mantener el antejuicio a Arzú esbozados por la Magistrada de la Paz Santizo, el cual considero necesario leer para poder formar un mejor criterio sobre el tema. Sin embargo, como ciudadano común y corriente, sí me compete el tema de cuestionar el por qué nuestras autoridades gozan de semejante escudo llamado antejuicio. En distintas ocasiones en mis columnas de opinión he expresado que un pilar fundamental para que este país pueda despegar económica y socialmente es la certeza jurídica, entendiendo por este término la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y no la tergiversación que se ha hecho del mismo últimamente. Bajo este concepto, el goce de antejuicio por parte de ciertos funcionarios públicos, como el alcalde Arzú, deslegitimiza el concepto de igualdad ante la ley, ya que un grupo de personas no puede ser investigado por entes competentes y luego juzgado por un tribunal competente si se encuentran pruebas suficientes para formular una acusación, debido al “derecho” de antejuicio del que solamente ellos gozan, y que los separa del resto de la ciudadanía.
Todo funcionario público tiene que responder ante la ley por sus actos, y también es sujeto de escrutinio público, tanto de la ciudadanía como de los medios de comunicación social. En las verdaderas democracias, este principio es fundamental para el funcionamiento de las mismas y los funcionarios públicos lo saben a la hora de aceptar los cargos para los cuales fueron electos. Los ciudadanos saben que tienen, no solo el derecho, sino que también la responsabilidad de cuestionar a sus líderes por sus actos mientras ejercen como funcionarios públicos electos. Esta es una condición sine qua non para que las democracias funcionen. Partiendo de estas premisas, creo que el señor Arzú debe responder por sus actos como alcalde y como expresidente y no escudarse en artimañas legales como el antejuicio. Si de verdad es tan probo y tan buen líder como dice ser, no debería sentir ningún temor a ser investigado, todo lo contrario. Sentaría un precedente sin parangón en la historia de nuestro país: el que un funcionario público permita que se le investigue y encima salga limpio de la investigación debido a su impecable gestión. Lo anterior, claro, es una quimera, ya que ni permite que se le investigue y la opacidad con la que ha manejado los fondos que recibe SuMuni deja dudas de ser una gestión transparente.
Sin embargo, mantengo lo dicho en el título de esta columna: todos somos iguales ante la ley, incluido usted, alcalde Arzú.
