Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Hemos venido advirtiendo que aquellos que desean derrumbar el estado actual de las cosas para ya no sentir ninguna pena relacionada con la justicia han estado, están y estarán, en la más beligerante posición para lograr su objetivo y han venido sumando frentes de ataque que están operando en relativo silencio y clandestinidad pero a paso firme.
La vigorosa ofensiva que iniciaron para asegurar el control de las Salas de Apelaciones ha sido clara y para muestra un par de botones: primero, la resolución que benefició a Álvaro Arzú evidencia los pactos porque los dos magistrados de la Sala de Apelaciones resolvieron como si eran Tribunal de Sentencia para intentar blindar al Alcalde ante la opinión pública; llegaron al colmo de decir que la colaboradora eficaz miente; ayer publicamos el voto razonado que es claro y técnico desde el punto de vista jurídico.
Luego tenemos la ONG de algunos magistrados de sala (sí esos electos por el Congreso gracias al pacto de Baldizón-Sinibaldi en una elección operada por el “Rey del Tenis”), la llamada “Asamblea General del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial” que intenta fortalecer la intención de que se elimine el prevaricato (delito que comete el juez que dicta resoluciones en contra de la ley), para poder seguir a sus anchas y queriendo confundir a la población y amordazar al MP y la CICIG.
Desde el plano del Ejecutivo, tenemos a un mandatario que le cedió el poder a Arzú y que se ha dedicado a operar la estructura estatal para intentar eliminar lo que le genera penas con la justicia y en ese marco, es sano preguntarnos qué se platicó con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, porque con Donald Trump, Morales solo tuvo 15 minutos. Ahora el Gobierno niega que se haya pedido el cese de la CICIG (ya no solo la salida del Comisionado), pero recordemos que también mintieron sobre la reunión en Naciones Unidas y la filtración de la ayuda de memoria los dejó en evidencia.
En el Congreso operan un juego peligroso. Molestos porque algunos empresarios empiezan a entender que en estas condiciones el país no tiene futuro y ante la posibilidad que den el paso para que juntos reconstruyamos al país y lo rescatemos de las manos mafiosas, han empezado un chantaje que consiste en dejar olvidada (por ahora) la ley de Aceptación de Cargos para avanzar con las reformas al delito de financiamiento electoral, pero condicionando su redacción a la actitud que asuman algunos preocupados.
Operan para quitar a Jordán Rodas con la burda excusa de que cuando se presentó a manifestar solidaridad a las familias de las víctimas del Hogar Seguro (de las que ya nadie se acuerda), se dio la coincidencia que un grupo de mujeres, faltando el respeto a muchos, estaba en la plaza haciendo una protesta de manera más que irreverente, poco seria y vulgar. Hay indignación por eso, aunque la muerte de 41 niñas quemadas vale gorro en una sociedad que siente que esas niñas eran una carga para el Estado y por ende para todos.
En la Comisión de Postulación algunos operan de nuevo para que, con la excusa de la tabla de gradación, se puedan obviar los elementos estipulados en los artículos 113 y 207 de la Constitución. El 113 habla que los funcionarios deben ser capaces, idóneos y honrados y el 207 habla de la reconocida honorabilidad. Con la tabla (justificando títulos, cátedras y otras cosas que no atienden lo que dice la Constitución), calificarán a los que se ofrecen para operar el Pacto de Corruptos y con eso querrán taparle el ojo al macho. Menuda tarea tienen los buenos abogados de la Postuladora porque deben alzar la voz y no ser parte de la mala jugada.
En fin, es de advertir que operan, y en serio; por eso, todos los que decimos que queremos un país diferente, debemos demostrarlo, unirnos alrededor de mínimos y acompañar los discursos con palabras. No hay excusas.
