Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
La labor que realiza el Ministerio Público requiere de una planificación cuidadosa, para enfrentar con éxito los fenómenos criminales que son consecuencia del crimen organizado. Hay que tomar en consideración que esas redes delincuenciales tienen acceso a múltiples recursos que les permiten formas de operar complejas. Por eso se hace necesario que la institución a cargo de investigar los hechos delictivos que ocurren en Guatemala, cuente con el personal especializado, con los recursos modernos y con una estrategia bien diseñada para lograr desarticular esas bandas criminales.
En el Plan de Trabajo propuesto planteo fomentar la generación de programas de fortalecimiento y modernización de la función de investigación a todo nivel y la ampliación de la cobertura a regiones en que actualmente no hay presencia de la institución.
Fortalecimiento de Unidades de Investigación, Fiscalías y Agencias Especializadas
La Unidad de Métodos Especiales de Investigación tiene bajo su responsabilidad implementar los mecanismos de investigación contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Los equipos que integran estas unidades debieran tener a su disposición todos los recursos necesarios para investigar a fondo las causas de acciones delictivas. Además, los funcionarios responsables de esta labor deben tener conocimiento de los mecanismos de investigación de última generación.
Sería conveniente impulsar acciones permanentes para el fortalecimiento de competencias de investigación y del uso de elementos de inteligencia en las fiscalías y agencias especializadas a nivel nacional; de manera que puedan establecer acciones estratégicas tendientes a reducir la criminalidad en el país. A la vez es prioritario contar con unidades de inteligencia en áreas de mayor conflictividad delictiva.
En ese sentido se buscará fortalecer las áreas de las unidades a cargo de investigaciones, direcciones, subdirecciones y unidades específicas. Fortalecimiento de mecanismos de registro, protección, custodia y preservación de evidencias. Se deben garantizar los medios para la conservación de expedientes, registros e integridad de la información producto de las investigaciones. Mecanismos de control, estadística y afines.
En el contexto de una buena administración institucional, se impulsarán los proyectos para desarrollar competencias especializadas de los investigadores y criminólogos, adquirir las mejores herramientas materiales, mejorar las sedes físicas, disponer de vehículos, aparatos de comunicación moderna, y materiales propios para la correcta investigación y ejercicio de la persecución penal delegada por el Estado. También es pertinente establecer canales de comunicación segura y fomentar una mayor coordinación entre unidades internas de la institución para la atención de casos y el litigio de los mismos.
Ampliación de cobertura institucional
Posteriormente a determinar las áreas territoriales en donde existe mayor criminalidad, será necesario ampliar la cobertura de los servicios institucionales. O bien establecer equipos especializados para poder desplazarse para dar atención a las áreas más expuestas.
En este sentido es indispensable una coordinación con las otras instituciones del sector justicia para que los esfuerzos sean óptimos, ya que de nada servirá ampliar la cobertura del Ministerio Público, si no se cuenta con el apoyo de los tribunales, de la fuerza policial y de otras entidades que deben apoyar la gestión de la fiscalía.
Se debe evaluar la posibilidad de establecer centros de gestión que puedan promover los métodos alternativos de resolución de controversias, como la mediación y la conciliación. Sería conveniente que, en los Juzgados de Paz, se cuente con un fiscal mediador capaz de buscar una solución a los casos que originan conflictividad local entre los pobladores, pero que son relativamente sencillos o de bajo impacto.
Más adelante compartiré otros aspectos del Plan de Trabajo propuesto.
