Víctor Ferrigno F.
En cumplimiento de su deber como Defensor del Pueblo, Jordán Rodas interpuso la acción constitucional de amparo que evitó que Jimmy Morales expulsara al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, por lo que ahora el Pacto de Corruptos en el Congreso lo quiere destituir, amparados en una causal espuria.
Ayer, 13 de marzo, un grupo de diputados presentó una moción privilegiada para citar al PDH ante el Pleno del Congreso, el próximo martes, la cual fue aprobada por 85 parlamentarios. La citación tiene el evidente propósito de destituir al Defensor del Pueblo, para lo cual necesitan sumar 105 votos.
La moción privilegiada fue promovida por diputados de turbias ejecutorias, como Felipe Alejos, Delia Back, Estuardo Galdámez, Javier Hernández, etc. Es decir, las cabezas del Pacto de Corruptos, que en septiembre de 2017 reformó el Código Penal para garantizarse impunidad, teniendo que retractarse después por la presión social, protagonizando lo que la periodista Paola Hurtado calificó como la gran hijueputada del Congreso. Parece que ahora quieren protagonizar otra.
Como excusa para la citación e iniciar el proceso de destitución del PDH, utilizan su presencia en la Plaza de la Constitución, el 8 de marzo pasado, cuando él concurrió a solidarizarse con los familiares y las sobrevivientes del Hogar Virgen de la Asunción, coincidiendo con una manifestación de mujeres en la que, según la Conferencia Episcopal, “se hizo mofa vulgar de las procesiones del período cuaresmal”.
El Defensor del Pueblo ya aclaró que, en cumplimiento de su deber, fue a la plaza a patentizar su apoyo a las sobrevivientes y familiares de una de las peores violaciones de los DD. HH. por parte del Estado, que incluye presuntos delitos de trata y abusos sexuales de menores, y la quema de 41 niñas, crimen aberrante que no se veía desde la masacre de la Embajada de España en 1980, por la cual ya fueron condenados los hechores materiales, todos agentes de la seguridad estatal.
Los enemigos de la transparencia y la lucha contra la corrupción (empresarios, políticos y militares) aprovecharon el descontento de la feligresía y la iglesia católica contra la manifestación feminista, para atacar mediática, política y judicialmente a Jordán Rodas, incluso con denuncias penales falsas, como la interpuesta por la vocera de la Asociación la Familia Importa.
Resulta risible que diputados sin ética alguna, ahora se dan golpes de pecho y baños de pureza, en defensa de valores religiosos que no profesan, pues nada hacen para revertir una lacerante realidad, donde diez millones de guatemaltecos (60% del total) viven en pobreza, y el año pasado murió de hambre un niño cada 60 horas. ¿Es ese su amor al prójimo? ¿Por qué callan y nada hacen para salvar siquiera a uno de esos niños? ¡Hipócritas!
En este contexto de corrupción, maniobra y falsía, sorprende que la Conferencia Episcopal la haya emprendido contra el Defensor del Pueblo, cuando su controversia es contra las feministas, que ejercieron su derecho de libre expresión, de una manera que ofendió a la feligresía católica. A ambas partes les asiste el derecho, y la obligación, de emprender un debate serio sobre la libertad de cultos y sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sin descalificarse mutuamente. Necesitamos construir una sociedad justa, democrática y tolerante a la diversidad étnica, sexual y religiosa.
En esta mezcla de maniobras políticas y citas bíblicas, les prevengo a los diputados que no se atrevan a cruzar el Jordán, porque como advierten las sagradas escrituras que nunca han leído (Josué 4:1-11), pueden ser arrastrados por la corriente (ciudadana) y terminar ahogados en el Mar Muerto, que en Guatemala se llama Mariscal Zavala.
