Félix Loarca Guzmán

Para ninguno es un secreto que Guatemala sigue transitando por un camino difícil, dada la alta influencia que en las últimas décadas han tenido la corrupción, la impunidad y un débil sistema de justicia.

La herencia más dolorosa que recibió el pueblo de Guatemala como consecuencia de la invasión armada de mercenarios en 1954, organizada por Estados Unidos para derrocar al Presidente nacionalista Jacobo Árbenz Guzmán, ha sido el impulso de un endeble proyecto de democratización a la medida de los intereses de la potencia del norte y dominado por sectores terratenientes, así como por grupos autoritarios liderados por figuras de la vieja política.

Estos grupos, ahora nuevamente se hacen visibles con iniciativas de ley para coartar la libertad de expresión del pensamiento y poner freno a los antejuicios de funcionarios, jueces y hasta diputados, sospechosos de haber incurrido en actos ilícitos. Estos sectores junto a militares del pasado, son los que apoyan al gobierno del señor Jimmy Morales, y no ocultan su antipatía por la presencia en el país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG.

Por otro lado, una importante rama de la oligarquía, encabezada por algunas de las élites industriales más poderosas, grupos financieros y núcleos de los grupos agroexportadores, busca la modernización del país, el fortalecimiento del orden constitucional, el combate a la impunidad y la corrupción.

En esta rama, sobresalen figuras emblemáticas del poder económico como los empresarios Dionisio Gutiérrez y Pedro Lampert, quienes con toda amplitud, han externado su apoyo a la lucha contra la corrupción de la Fiscal General Abogada Thelma Aldana y del jurista colombiano Iván Velásquez, Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.

Llama la atención que este grupo, es la cabeza visible del Frente Ciudadano Contra la Corrupción recientemente creado, al cual se han sumado representantes de trabajadores, de estudiantes, defensores de los derechos humanos y otras expresiones de la sociedad civil, preocupados por la persistencia de altos niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana, la pérdida de confianza en el sistema de justicia, el abandono de las escuelas públicas, la debilidad de los servicios públicos de salud y el saqueo de los fondos públicos. .

El pueblo de Guatemala se encuentra en medio de una profunda lucha de poderes, en la cual cada uno busca determinados intereses económicos y políticos.

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