Debe entenderse que la resolución leída por la magistrada Beyla Estrada, quien es esposa del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito que proviene del círculo de confianza de Ángel González, no sólo significa que no se puede abrir proceso contra el alcalde Álvaro Arzú, sino que tampoco se le puede siquiera investigar, extremo mucho más grave porque en ello está realmente el manto de impunidad que existe alrededor del perverso concepto del antejuicio.
Si el objetivo del antejuicio es prevenir que se pueda iniciar un proceso penal para juzgar a un funcionario público, no hay razón ni legal ni moral para explicar por qué los entes que tienen a su cargo la investigación de hechos ilícitos no pueden ni siquiera abrir un expediente de investigación en contra de un funcionario público como el Alcalde.
Los casos que se formulan contra funcionarios como Pérez Molina, Baldetti, Colom, el montón de ministros, diputados y Alcaldes fueron posibles porque se iniciaron a partir de investigaciones realizadas contra personas que no gozaban de antejuicio y en el trámite surgieron pruebas que incriminaban a los funcionarios protegidos por el antejuicio. Al levantarse la inmunidad, tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional Contra la Impunidad pudieron profundizar en las investigaciones para presentar los casos correspondientes, pero mientras no se levante el antejuicio, los funcionarios ni siquiera pueden ser investigados, como si por sus investiduras ya tuvieran garantía de que nadie puede indagar si alguna acción de ellos es ilícita.
Por ello es que decimos que el antejuicio como opera en Guatemala es absolutamente perverso porque es auténtica garantía de impunidad. Sobre todo cuando tenemos un sistema judicial tan comprometido como para permitir que una magistrada con evidente conflicto de interés pueda no sólo ser decisiva en un fallo, como pasó con el caso de Arzú, sino que hasta se da el lujo de ser quien presenta con toda pompa los argumentos falaces de una resolución que no tiene el menor sustento legal y que únicamente fue redactada para satisfacer a los patrones del esposo de la magistrada, es decir el presidente Jimmy Morales y el empresario Ángel González, ambos fieles a morir con el alcalde Arzú quien dirige la Dictadura de la Corrupción.
El sistema judicial nuestro tiene cimiento en las Comisiones Paralelas de Postulación y de allí provienen magistrados como los que resolvieron el antejuicio a Arzú. Quedan algunas esperanzas como con el voto razonado en contra de la magistrada Sonia de la Paz Santizo porque ella dio razones para revertir la aberración.
