Desde que dijeron que de forma “aleatoria” el antejuicio contra Álvaro Arzú había sido trasladado a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal era jugada cantada por los penosos antecedentes de esa magistratura en la que sobresale nada más y nada menos que la figura de la abogada Beyla Adalí Xiomara Estrada, esposa de uno de los secretarios de Jimmy Morales, subalterno del Alcalde dentro del Pacto de Corruptos. Estrada no tuvo la decencia de excusarse dado el notorio conflicto existente porque su esposo es, obviamente, instrumento del mismo Pacto.

La Hora publicó el historial de dicha Sala con resoluciones de asco que compiten con las de la Juez Pesquisidora que los mismos magistrados nombraron. Llamó la atención el gesto de extraordinaria decencia de la magistrada Zonia de la Paz Santizo Corleto, quien razonó su voto en contra dejando en evidencia la falta de dignidad de Jaime Amílcar González Dávila, presidente de la Sala, y de la mujer del exempleado de Angel González y ahora comunicador del Presidente.

La resolución fue un elaborado esfuerzo por librar al Alcalde de los señalamientos hechos por la CICIG y el Ministerio Público que calificaron de espurios, desvirtuando la misma ley y descalificando medios de investigación que han sustentado otros casos, entre ellos las escuchas telefónicas realizadas a otros delincuentes en las que aparece la figura de un funcionario al que no se estaba investigando. Con el criterio expuesto por la mujer del Secretario de Morales, ni Baldetti ni Pérez Molina hubieran podido ser acusados de nada.

Y el recurso que se les ocurrió para defender al Alcalde es pintarlo como un viejito bonachón que no sabe lo que pasa y cuyos subalternos hacen micos y pericos sin que él se dé cuenta; al diablo aquella imagen del hombre fuerte que todo lo decide, a quien no se le mueve una hoja sin su consentimiento.

Y al diablo también la idea de que pueda haber plazas fantasma en cualquier dependencia porque basta con que haya un expediente con el nombramiento y se haga el pago para que, según el indefendible y peregrino argumento de los dos magistrados, ya no se pueda decir que una plaza es fantasma.

Mientras más detenidamente se lee la resolución más claro se ve el mono encerrado, expresión que en este caso debiera cambiarse por “mono desencerrado” porque es clarísima la perversa intención de los juzgadores a quienes importó un pito ponerse en tan triste evidencia y evidenciar así a nuestro Sistema de Justicia, a fin de cumplir con las órdenes superiores.

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