Cuando en abril del 2015 empezó la gran batida contra la corrupción en Guatemala, sin que en realidad los ciudadanos entendieran hasta dónde llegaríamos ni, mucho menos, la profundidad de ese vicio en el Estado y la sociedad, el aplauso a las investigaciones fue prácticamente unánime porque todos entendemos que un país no puede prosperar si sus recursos públicos son utilizados para el enriquecimiento de unos cuantos funcionarios. Sin embargo, el respaldo al Ministerio Público y a la CICIG empezó a diluirse no precisamente porque hubiera polarización (que en ese momento no existía) sino porque al extender sus investigaciones a otros sectores que son los que se han aliado con políticos corruptos para saquear al Estado, no sólo disminuyó el apoyo sino que empezaron a aparecer los encargados de promover la polarización, financiados por oscuros poderes, para plantear la lucha contra la corrupción como una política de la “izquierda” perversa contra la “derecha” sacrosanta.
Pero la actitud inicial de la sociedad fue la correcta porque el país está sufriendo los efectos de la corrupción y la impunidad y tarde o temprano todos pagaremos las consecuencias de los atrasos que ha provocado la cooptación del Estado que significa, ni más ni menos, la pérdida de sentido de la función estatal porque ni se promueve el bien común ni se trabaja para impulsar el desarrollo del país porque todo se decide de acuerdo al tamaño del moco, mordida o soborno.
No deja de ser preocupante que en el país aumente el porcentaje de pobres y de quienes viven en pobreza extrema y que, aún con las amenazas de Trump y el endurecimiento de la política migratoria, la gente sigue emigrando ilegalmente porque aquí no sólo no tienen para cubrir sus necesidades sino que tampoco tienen horizonte de futuro porque no hay salida para su condición de pobreza.
El pobre no sólo no tiene para comer, sino tampoco puede alimentar esperanzas porque carente de educación y salud, de seguridad y capacitación, su expectativa es seguir siendo pobre y ello es por la ausencia de políticas públicas que se enfoquen en programas serios, más allá del asistencialismo, para promover el desarrollo humano como herramienta de desarrollo sostenible del país.
Cierto que las condiciones obligaban a jugar el juego de la corrupción porque sin entrar a ese terreno no se podía hacer negocios, pero es momento de que quienes lo hicieron den un paso al frente, como ya lo hicieron algunos constructores, para iniciar el proceso serio de reconstrucción que permita cimentar una nueva cultura de legalidad.
