Javier Monterroso
En 1992 se aprueba el actual Código Procesal Penal, el primero de carácter acusatorio en toda América Latina, el Código otorga un nuevo rol al Ministerio Público que se convierte en el principal protagonista del proceso penal, pues se le dio el ejercicio de la acción penal pública, lo que implica la dirección de la investigación de los delitos y la acusación contra los culpables de cometer delitos, en 1993 se modificó la Constitución de la República para incorporar esta institución en la estructura del Estado y en 1994 se aprobó su Ley Orgánica.
Sin embargo, los primeros años de la institución fueron muy difíciles, el primer Fiscal General el abogado Ramsés Cuestas renunció bajo acusaciones de corrupción, por lo que el Presidente Ramiro de León nombró a Héctor Hugo Pérez Aguilera para terminar su período, al concluir éste Álvaro Arzú nombró como Fiscal General a don Adolfo González Rodas, quien sería el primer fiscal en terminar completo su período, Alfonso Portillo nombró al polémico Carlos de León Argueta, quien fue destituido por Oscar Berger por mal desempeño en el cargo, para completar su mandato Berger nombró a Juan Luis Florido, quien era diputado electo por el partido GANA. Se puede afirmar que durante los primeros 10 años de vida del MP la institución tuvo un mal desempeño, las cifras de impunidad superaban el 90% de los casos que ingresaban, y llegaban hasta el 95% en los delitos contra la vida. Esa fue una de las razones por las que desde el año 2004 el gobierno de Guatemala solicita a la ONU la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que se concretó hasta el año 2007.
Florido concluyó el período de León Argueta y al terminar éste en el 2006 fue electo nuevamente por Berger, sin embargo se negó a colaborar con el trabajo de la CICIG, por lo que en el 2008 Álvaro Colom a instancias del entonces comisionado Carlos Castresana solicita su renuncia, Colom nombra en su lugar por primera vez a un fiscal de carrera Amílcar Velásquez Zárate, quien junto a un equipo de trabajo liderado por Gloria Porras, Fanuel García, Mynor Melgar y Alejandro Rodríguez comienzan a rescatar la institución, crean la Unidad de Análisis Criminal, la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, fortalecen la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y colaboran estrechamente con la CICIG, creando la Fiscalía Especial de la CICIG (FECI). Zárate termina el período en el 2010 y Álvaro Colom nombra a Conrado Arnulfo Reyes, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad determina que existieron deficiencias en el proceso de elección por lo que se repite el proceso y en diciembre de 2010 Colom nombra a la Dra. Claudia Paz y Paz como Fiscal General. Durante el período de Claudia Paz se continúa el fortalecimiento de la institución: la Unidad de Análisis se convierte en Dirección, y se contrata una gran cantidad de analistas financieros a quienes CICIG capacita, se fortalece la Unidad de Métodos Especiales y las Fiscalías de Delitos contra la Vida y la Fiscalía de la Mujer, como consecuencia la impunidad comienza a disminuir, principalmente en homicidios lo que a su vez repercute en la disminución de violencia homicida en el país, además se persiguen los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado interno. En 2014 Otto Pérez Molina nombra Fiscal General a la Dra. Thelma Aldana quien junto a la CICIG encabeza desde el año 2015 la lucha contra la corrupción, logrando meter preso al propio Pérez Molina, así como a muchos altos funcionarios, políticos y empresarios, llevando a la institución a un nuevo nivel y convirtiéndola en la institución en la que la población más confía actualmente.
