Queda absolutamente claro que el interés de Fernando Linares Beltranena y los diputados del Pacto de Corruptos por modificar la Ley en Materia de Antejuicios es limpiar el camino para defenestrar la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, entidades que están en la mira de quienes pretenden evitar el colapso de la Dictadura de la Corrupción. Además, los diputados buscan proteger a quienes están señalados o a punto de serlo, por distintos casos de corrupción, empezando por el mismo Presidente de la República quien saldría beneficiado con la reforma que sepultaría el proceso iniciado en su contra por financiamiento electoral ilícito.
En la ciudadanía está cobrando fuerza el criterio de que el Congreso carece de legitimidad para manosear el tema de los antejuicios, que lejos de ser garantía de inmunidad se han convertido en garantía de impunidad. En general se puede decir que legalmente es cierto que el Congreso tiene las facultades para legislar, pero la legitimidad va más allá de la legalidad y el tema de la diferencia entre ambos conceptos se ha discutido siempre.
Por ejemplo, los financistas del sector empresarial volverán a actuar dentro de la legalidad cuando el Congreso le haga caso a la Corte de Constitucionalidad y despenalice el financiamiento electoral anónimo o no registrado. Pero eso no hará legítimo ese financiamiento porque todos sabemos que es lo que ha provocado la cooptación del Estado que tanto daño le ha hecho al país. En eso podemos tener un claro ejemplo de las enormes diferencias entre lo legal y lo legítimo, y casos así se pueden citar a montones.
En el caso del Congreso lo que compromete su legitimidad es el proceder de quienes en el transcurso de estos años han demostrado que legislan únicamente con malsanos intereses, sea para chantajear o beneficiar a sectores determinados o para beneficiarse a sí mismos. Pero sobre todo perdieron legitimidad cuando establecieron el Pacto de Corruptos que en septiembre del año pasado aprobó aquellas leyes de impunidad que fueron elaboradas para dejar libres de culpa a todos los mañosos que se han enriquecido con el saqueo de los fondos públicos.
Para tener legitimidad a la hora de legislar no basta con tener la facultad legal, porque legislar también implica el ejercicio de una facultad ética y moral que este Congreso agotó precisamente el 13 de septiembre del año 2017 y cuya carencia persistentemente se han empeñado en demostrar con los desplantes que día a día hacen a la ciudadanía honrada y a los esfuerzos contra la corrupción.
