No es de extrañar que la Embajadora nombrada por Donald Trump, en las Naciones Unidas, dijera que es preciso que se dé menos información sobre los casos que manejan el Ministerio Público y la CICIG porque ya sabemos cuál es la línea de Washington respecto a lo que publica la prensa, pero es preciso reiterar que en Guatemala es indispensable que haya transparencia sobre las investigaciones porque somos un país en el que se ha abusado generalmente del poder, sea para inculpar a inocentes o para proteger a culpables y por ello es fundamental que la ciudadanía esté informada con objetividad de lo que está ocurriendo.
Además, vivimos en un país en el que hay cultura de ilegalidad e impunidad y la única forma de revertir eso es mediante la información sobre avances que van en contra de esas arraigadas costumbres. No podemos volver a los tiempos de los Tribunales de Fuero Especial cuando ni siquiera se sabía quiénes eran capturados ni mucho menos por qué razón. El secreto, como lo probamos los guatemaltecos en los aciagos días de Ríos Montt, sí que viola la presunción de inocencia, no digamos el debido proceso.
La “diplomática” no conoce la historia del país y por ello se permite sugerir barbaridades como la de evitar la información sobre los procesos que se siguen. Al dar información no se está condenando a nadie sino que se está diciendo que se abre un proceso en contra de determinadas personas con base en determinados hechos. Corresponde al MP y la CICIG aportar las pruebas, a la defensa desvanecerlas y a los juzgadores calificarlas para sentenciar si hubo o no la comisión de un delito. Justamente el peregrino criterio de Jimmy Morales (el que quiere que se persiga al delito, pero no al delincuente) y de su Canciller es lo que influyó en esta Embajadora que sin conocer el país ni lo que aquí ocurre pontifica dando recetas que recomiendan barbaridades.
Y es que así como hay unos que dicen que cada mico debe estar en su columpio, otros decimos que mico con mico se dan la cola. Hay que ser demasiado ignorante para no entender la importancia que tiene en un país con larga historia de violación de derechos humanos el que se informe a la ciudadanía de lo que se está haciendo. Los procesos en nuestro país son públicos, salvo cuando se decreta reserva de un caso y nada mejor que la explicación de las fuentes oficiales para saber por qué es que se está acusando a alguien.
