Raúl Molina

Después de muchos años de lucha, iniciados con “la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana… es un texto redactado en 1791 por Olympe de Gouges parafraseando la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la Revolución Francesa. Es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones” (Wikipedia), los derechos de las mujeres tuvieron un gran impulso desde la creación de la Organización de la ONU en 1945 y la posterior aprobación de “La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer… (que) es un importante tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979, fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer… Dicha Comisión, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967… fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y el 3 de septiembre de 1981 entró en vigencia” (ídem). Un protocolo facultativo fue aprobado en 1999. Entre los 187 países que para 2012 habían ratificado la Convención, se encuentra Guatemala, por lo que tiene plena vigencia como marco de los derechos de las mujeres a nivel constitucional.

¿Cómo encaja esta situación con la realidad del país, en donde la violencia contra las mujeres ha sido generalizada, desde que en el Conflicto Armado Interno los “Escuadrones de la Muerte”, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas rompieran toda barrera moral y ética en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional? Es lo que ha ocurrido en Guatemala desde siempre: la legislación puede ser excelente y pertinente; pero no se aplica. El poder, en cualquiera de sus manifestaciones, está por encima de la ley. Por la condición “machista” de nuestra sociedad, ese poder se ejerce desde el hogar, con la definición de papeles para hombre y mujer que se originan en la tradición colonial y, al evaluarse el flagelo del feminicidio, del cual Guatemala ocupa uno de los primeros lugares en el mundo, esa violencia en las familias es uno de los factores para el asesinato de mujeres. No obstante, otras sociedades son igualmente “machistas” y han podido evitar la proliferación de la violencia. El feminicidio en nuestro país es una de las expresiones del Estado fallido, con gobiernos ignorantes e indolentes, que saben que al atacarse la impunidad se pondría en cuestión la protección a grandes criminales. Dicha impunidad también protege a gobernantes, funcionarios, legisladores y magistrados en sus actos de corrupción. La cadena de deterioro se intensifica. La transformación del Estado es urgente; pero no podemos esperar a que se produzca para tomar desde la sociedad las acciones necesarias para frenar la violencia contra mujeres y niñas, tomando como referencia las Convenciones correspondientes. Como se ha dicho ya, este próximo 8 de marzo debe marcar el punto de inflexión.

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