Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El pasado miércoles, cuando Estuardo Porras Zadik expuso en la presentación del Frente Ciudadano Contra la Corrupción, empezó relatando que un miembro de su familia fue condenado por financiamiento electoral ilícito y que aunque eso haya sido terriblemente doloroso para ellos, él está comprometido en la lucha contra la corrupción porque cree que no se puede frenar el esfuerzo por construir un país distinto en el que desaparezcan esas prácticas tradicionales. Presente estaba su padre, mi viejo amigo Carlos Porras, quien también participa en el FCCC y aunque vivió momentos terribles debido a ese grave problema familiar que relató Estuardo, no vacila en absoluto en su decidida y comprometida participación.
Estoy convencido de que cuando tengamos más gente que asuma responsabilidad y enfrente con madurez los errores y hasta los delitos que se pudieran haber cometido, nuestra sociedad estará dando un paso enorme hacia el establecimiento de esa cultura de legalidad que tanta falta nos hace. No es fácil, desde luego, dar la cara y enfrentar un problema sabiendo que tendrá consecuencias no sólo legales sino sociales, pero hay una enorme diferencia entre quienes tienen la entereza de asumir su responsabilidad y quienes se escudan en negativas o pretextos para tratar de evadirla.
Guatemala tiene una larguísima tradición de impunidad. De hecho somos un país que surge a la vida cuando un pequeño grupo de criollos decide declarar la Independencia “antes de que lo haga el pueblo” y con ello se aseguraron el control del naciente Estado, situación que ha perdurado hasta nuestros días. Se crearon instituciones de justicia que operaban únicamente cuando los sindicados no eran de la gente poderosa y la impunidad surge justamente con la firma misma del Acta de Independencia.
Pero se volvió todavía más estructurada y orgánica cuando durante nuestra guerra interna se diseñaron mecanismos de protección para quienes batallaban en el bando de la defensa del Estado. Superado el conflicto esos aparatos de impunidad fueron puestos al servicio de los nuevos CIACS que son esas manifestaciones del crimen organizado que ha sido capaz de cooptar al Estado. Todos los vicios que tenemos hoy tienen cimiento en la impunidad que llegó a ser un tema cultural. Nadie piensa en enfrentar consecuencias por algo ilegal si tiene los conectes del caso ni nadie cree que alguna familia con algún poder se someta voluntariamente al imperio de la ley para enfrentar consecuencias legales de un hecho ilícito.
La cultura de la legalidad demanda absoluta transparencia y por ello choca tanto la absurda tesis que atribuyen a la enviada de Trump que pasó estos días por Guatemala, en el sentido de demandar que no haya “tanta información” sobre casos de saqueo, cuando lo que necesitamos es que se sepa cómo operan los grupos dedicados a la corrupción que, por si no lo sabe esa señora, contribuye al florecimiento del narcotráfico y de la migración.
Asumir la responsabilidad tiene también ventajas legales porque los procedimientos abreviados pueden ayudar a reducir las penas y facilitar la reinserción en la sociedad de quienes con eso demuestran su real propósito de enmienda pero, sobre todo es una muestra de entereza no corriente en este reino de la impunidad.
