Luis Enrique Pérez
Recientemente, en una misa de cuerpo presente del extinto arzobispo Óscar Julio Vian Morales, oficiada en la Catedral Metropolitana, el presidente Jimmy Morales y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, estuvieron tan próximos, que podían haberse mirado soslayadamente, y sonreído recatadamente, ansiosos de tomarse la mano furtivamente.
No podía haber ocurrido ese soslayado mirar o ese recatado sonreír, ni podía haber surgido ansia alguna de furtivo tomarse la mano, por seis motivos. Primero, Velásquez, con la colaboración de la Fiscal General de la República, Thelma Aldana, emprendió una acción penal contra un hermano y un hijo del presidente Morales. Segundo, el presidente Morales declaró no grato a Velásquez, y le exigió abandonar el país. Tercero, la Corte de Constitucionalidad invalidó esa declaración y esa exigencia. Cuarto, el presidente Morales solicitó al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, destituir a Velásquez. Quinto, Guterres no aceptó esa solicitud. Y sexto, el presidente Morales insiste en que Velásquez sea destituido.
Los países que financian la comisión se apresuraron a defender a Velásquez. Uno de esos países fue Estados Unidos de América. Aumentó repentinamente el poder de Velásquez, y se redujo impredeciblemente el poder del presidente Morales. Empero, había que aumentar más el poder de Velásquez, y reducir más el del presidente Morales hasta imposibilitarle lograr la destitución, o la expulsión, o la limitación de poder, de Velásquez. Y surgió el Frente Ciudadano Contra la Corrupción.
Ahora actúan dos fuerzas en favor de Velásquez: una renovada fuerza internacional, constituida por los países que financian la comisión; y una súbita fuerza nacional, constituida por el Frente Ciudadano Contra la Corrupción. Esa renovada fuerza internacional y esa súbita fuerza nacional confieren, a Velásquez, un poder que crea, en nuestro país, un extraordinario fenómeno histórico. Este fenómeno consiste en que Guatemala tiene un presidente nacional, es decir, el presidente Morales, y un presidente internacional, es decir, el jefe de la comisión, Iván Velásquez. Este presidente internacional tiene su propio vicepresidente. Es la Fiscal General de la República, Thelma Aldana.
Esa dualidad presidencial equivale a una disolución del fundamento mismo del régimen jurídico del Estado. Aludo a la Constitución Política. Pretendemos que no es necesaria esa disolución para emprender, con auxilio internacional, un ataque devastador, en general, a la impunidad, y en particular, a la impunidad de los actos de corrupción de quienes ejercen funciones públicas. Lo pretendemos, porque ese auxilio puede ser útil, y hasta extraordinariamente útil, sometido al régimen jurídico del Estado.
Precisamente argumentamos que la utilidad no debe otorgarle validez a la ilegalidad. Queremos decir que, por ejemplo, la utilidad que obtiene quien comete un robo, no le otorga legalidad a ese acto criminal. Y si la legalidad no importa, entonces reconozcamos que ella no importa, o reconozcamos que la utilidad del hecho puede prevalecer sobre la majestad del derecho, y hasta decretemos una ley que, paradójicamente, declare la utilidad de la ilegalidad para atacar la impunidad. Y exterminemos extrajudicialmente a todos los pandilleros asesinos, porque es útil exterminarlos.
El Frente Ciudadano Contra la Corrupción puede contribuir a la utilidad de la comisión; pero no por ello contribuye a que sea legal. Y es un error de algunos empresarios haberse agregado a ese frente. Hubiera sido un acierto de esos mismos empresarios proponer la fundación de una Comisión Nacional Contra la Impunidad, y de manera conexa proponer que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sea sustituida por una comisión de cooperación internacional contra la impunidad en Guatemala, sometida al régimen jurídico del país, que tenga la calidad de órgano asesor del Ministerio Público.
Post scriptum. La prorrogada vigencia del acuerdo de creación de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala termina el 3 de septiembre del año 2019. El presidente Morales quizá sea obligado a solicitar una nueva prórroga del acuerdo, y a aceptar la reelección presidencial de Iván Velásquez.
