Félix Loarca Guzmán

A raíz de la captura del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom y casi todo su Gabinete de gobierno por el caso del Transurbano, la Procuradora General de la Nación, licenciada Gladys Anabella Morfín, anunció la posibilidad de promover la intervención de ese sistema de transporte urbano.

La funcionaria, quien a la vez es la abogada del Estado, giró las instrucciones del caso a los Asesores Jurídicos de esa institución para que realicen un estudio sobre la viabilidad legal de impulsar la intervención de la Empresa Transurbano. La empresa fue creada durante el gobierno del presidente Colom, que en su primera etapa funcionó en forma más o menos aceptable, pero que con el curso de los años se convirtió en un fracaso.

Son frecuentes las quejas de los usuarios por el deficiente servicio, así como por el incremento ilegal de la tarifa del pasaje, además del mal trato a los adultos mayores, por quienes el Estado otorga un subsidio a esa empresa.

Los usuarios están decepcionados porque cada cierto tiempo disminuye la cantidad de autobuses en circulación, por lo que tienen que hacer largas esperas bajo el sol o bajo el agua cuando es época de invierno.

Como es del dominio público, el expresidente Álvaro Colom y varios de sus Ministros fueron detenidos por orden judicial, como consecuencia de investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, sobre un probable fraude, al destinar fondos públicos para la implantación del mecanismo prepago en el referido sistema de transporte público.

Según las investigaciones, el expresidente Colom y sus Ministros firmaron el Acuerdo correspondiente, autorizando la entrega a empresarios privados de la cantidad de 35 millones de dólares, sin adoptar las respectivas medidas de fiscalización y transparencia en la inversión de los recursos financieros.

Diversos sectores de la opinión pública han insistido en que fue anómalo destinar fondos provenientes del pago de los impuestos de los ciudadanos, para financiar un negocio privado. Asimismo, que los empresarios se comprometieron a adquirir más de tres mil autobuses, pero en la práctica sólo compraron alrededor de 400 unidades, las que resultaron insuficientes para la creciente demanda del servicio.

Muchas personas consideran impostergable la intervención del Transurbano, no solo para proteger los intereses económicos de los usuarios, sino para mejorar el servicio.

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